Destapan un fraude que regularizaba inmigrantes mediante empresas ficticias
Redacción 
La Policía Nacional ha destapado en la localidad alicantina de Elche un fraude dedicado a la creación de empresas ficticias con las que se emitían facturas falsas a otras sociedades con actividad normal para regularizar inmigrantes en España y cometer diversas estafas a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
La operación Yerza, desmenuzada este martes por sus responsables policiales en rueda de prensa, se ha saldado con 125 detenidos de diferentes nacionalidades -españoles, chinos, marroquíes, etc.-, entre ellos el núcleo de la organización criminal desarticulada, asentada en Elche, y dos empleados de un despacho de abogados del municipio alicantino que posibilitaba el fraude.
También fue arrestado un funcionario de la administración pública por haber colaborado presuntamente con la organización criminal realizando numerosas consultas en bases de datos confidenciales, además de alertar posteriormente de la investigación policial.
En los doce registros domiciliarios practicados en Elche, los agentes intervinieron 124.000 euros en efectivo, cuatro coches de alta gama, cinco equipos informáticos, 112.000 euros en criptomonedas y una granja de minado de estas monedas virtuales, que la trama empresarial utilizaba supuestamente para blanquear los beneficios obtenidos por sus fraudes.
EL "CABECILLA", UN EMPRESARIO ILICITANO
Las primeras sospechas las levantó en octubre de 2020 un empresario ilicitano que, según los agentes de la localidad, "se pasaba horas en cajeros automáticos y sacaba grandes cantidades de dinero que repartía a distintas personas".
Al ir tras sus pasos, descubrieron que operaba con una treintena de empresas en cuya titularidad figuraban diferentes supuestos testaferros. La sede social de dos de las compañías ficticias coincidía con la dirección de un prostíbulo ubicado en Elche y regentado por el principal investigado.
Este empresario se reunía habitualmente con dos empleados de un despacho de abogados que estaban integrados en la organización criminal.
Entre otras funciones, los abogados se dedicaban, a cambio de una retribución, a la creación de las empresas ficticias utilizadas para los distintos fraudes a la Seguridad Social y la Agencia Pública.
El empresario ilicitano, presunto "cabecilla" de la organización, ingresó en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche, que se ha hecho cargo de la investigación.
REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES
El comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, Carlos Rio-Miranda, ha revelado que la creación de dichas sociedades tenía un "doble objetivo" para la organización: la comisión de diferentes fraudes a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y la regulación fraudulenta de inmigrantes, que pagaban entre 3.000 y 6.000 euros por el trámite.
Su "modus operandi" se basaba en la confección de facturas falsas que emitían a empresas con una actividad normal. Una de las sociedades ficticias llegó a declarar un millón de euros en ventas pese a que se comprobó que no había realizado ningún tipo de acción empresarial.
El entramado empresarial, a través del despacho de abogados implicado, facilitaba a los inmigrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, obtener o renovar los permisos de residencia en España.
UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y UN CRÉDITO COVID
La Policía descubrió que la organización criminal tenía a sueldo a un funcionario de la administración pública, que facilitaba información protegida, ya que tenía acceso a bases de datos confidenciales.
Antes de ser detenido por los delitos de cohecho y revelación de secretos, el funcionario alertó a la organización de que estaba siendo investigada por la Policía.
Asimismo, los agentes arrestaron a dos empleados de un banco que, a sabiendas de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama empresarial, permitieron que los investigados recibieran un crédito ICO -habilitados por el Gobierno para ayudar a las empresas tras el inicio de la pandemia de coronavirus- por valor de 40.000 euros.
UNA GRANJA DE MINADO DE CRIPTOMONEDAS
En uno de los registros en domicilios de Elche, la Policía descubrió que los investigados de esta organización criminal disponían de una granja de minado de criptomonedas, una instalación que consume una gran cantidad de energía eléctrica y que se encontraba conectada de forma ilegal al suministro.
Supuestamente, los defraudadores utilizaban las monedas virtuales para blanquear los beneficios que obtenían mediante las estafas cometidas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. EFE
