Más de 50.000 reclamaciones han sido atendidas por la OMIC en 30 años de historia

El concejal responsable de Consumo, Alfonso Cabello, destacó que “la OMIC ofrece un balance notable de gestión en atención a los consumidores de Santa Cruz, como atestiguan los números de estas tres décadas de servicio, que, a su vez reflejan una sociedad cada día más exigente y cada día más conocedora de sus derechos y de cómo defenderlos”. 

“La labor de la OMIC no se reduce en exclusiva a recoger y tramitar en su caso las reclamaciones de la ciudadanía, sino que desarrolla una importante labor en materia de información y formación de los derechos de los consumidores.  Una sociedad moderna y próspera está siempre formada por hombres y mujeres capaces y exigentes”, añadió Cabello.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado durante el año 2021 un balance de 1.829 expedientes de los que 1.748 son reclamaciones y 81 corresponden a varios trámites. La tramitación de los mencionados expedientes desde la fecha mencionada ha supuesto la realización de: 7.728 encargos entre verificación de datos, plazos, archivos, desistimientos, oficios de mediaciones a empresas, notificaciones a reclamantes, traslados de expedientes a organismos competentes, etc.

El importe económico que los reclamantes han resuelto en las reclamaciones que han obtenido un resultado positivo durante el año 2021 asciende a 126.089,07 euros hasta el momento, ya que se encuentran actualmente algunos expedientes en tramitación.

Una historia destacada

La OMIC de Santa Cruz nació hace prácticamente 30 años (1989) y en este tiempo ha atesorado un balance importante, revelándose como un cauce útil, accesible y práctico en la defensa de los consumidores de la ciudad. 

En la actualidad, según datos ofrecidos por la propia Oficina, la naturaleza más común de las reclamaciones atiende a materias relacionadas con el Consumo, entre las que cabe destacar las cuestiones relacionadas con la telefonía móvil y fija, el transporte aéreo, las relaciones con entidades financieras y aseguradoras y las compras en grandes superficies comerciales. 

El ámbito de actuación de la OMIC concierne a los consumidores y usuarios, entendidos éstos como las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio u profesión. 

En consecuencia, el objeto de la defensa de los consumidores y por tanto de la OMIC no incluye las relaciones privadas entre particulares, las relaciones de las empresas con sus proveedores, las reclamaciones dirigidas a una administración pública y las reclamaciones iniciadas en vía judicial o sobre las que recaiga una sentencia, que tiene  un cauce administrativo propio. 

Las funciones básicas de la OMIC consisten en informar, ayudar, orientar y asesorar en materia de consumo; ejercer la mediación voluntaria en conflictos de consumidores y empresas y desplegar programas y campañas informativas.

 La Oficina atiende a cualquier ciudadano, vecino o residente en el municipio, y lo hace presencialmente o por vía telemática. Mayoritariamente los consumidores que acuden a la OMIC lo hacen en persona, y es lógico porque de esta forma pueden explicar con precisión el motivo de la reclamación e informarse in situ sobre el procedimiento a seguir y la documentación a acreditar en cada caso. 

Día Internacional 

Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y por acuerdo de Naciones Unidas (ONU). La fecha elegida obedece a que fue un 15 de marzo (1962) cuando el presidente estadounidense Kennedy hizo un discurso público en el que reconoció la figura del consumidor como un factor fundamental en la economía y en la sociedad. 

En nuestro país, la Constitución Española reconoce al consumidor (artículo 51) y encarga a los poderes públicos la garantía de su defensa, así como la promoción de la información y la educación de sus derechos. A su vez contamos con una ley nacional de defensa de los consumidores desde 1984 y con una ley autonómica sobre el particular aprobada en 2003.