Un juzgado precinta una granja de animales en La Gomera por delito ecológico
Redacción 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Gomera ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad y el precinto de una explotación ganadera presuntamente ilegal del municipio de Vallehermoso, por posible delito contra el medio ambiente por vertidos.
El auto judicial aprecia posible contaminación grave con vertidos de orines y estiércol de cerdo y cadáveres de animales en la zona de dominio público hidráulico del Barranco de Garabato, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Es el segundo cierre de una explotación ganadera en La Gomera en el último mes, ya que a finales de mayo el mismo juzgado ordenó el precinto de una granja ubicada en el Barranco de Santiago, en la capital de la isla, donde había sesenta cerdos desnutridos y con "riesgo para su vida", un caso que sin embargo no tiene relación con este, en el que además no se aprecia maltrato animal.
El nuevo cierre responde a una petición de Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en septiembre de 2021 envió al juzgado su investigación sobre la explotación ganadera, que derivó en la incoación de diligencias previas.
En marzo, el Cabildo de La Gomera certificó que el dueño de la explotación carecía de calificación territorial para la construcción de la granja en el lugar donde se encuentra.
En febrero, la Guardia Civil había presentado dos denuncias después de que los agentes constatarán un "hedor insoportable" que provenía de "una gran cantidad de cadáveres de animales (ovejas, novillos, cabras, etcétera) arrojados en el lugar en estado de descomposición".
El dueño de la explotación había sido sancionado en diciembre de 2018 por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, después de que en 2016 la Guardia Civil le denunciara no solo por arrojar cadáveres de animales al barranco, sino por verter los purines directamente a la zona de dominio público hidráulico.
Allí había "una canalización de materia fecal abierta al aire, fermentando y con gran cantidad de gusanos", según una denuncia de la Guardia Civil.
El propietario de la explotación alegó que había corregido las deficiencias y que los purines ya no se vertían al barranco, sino hacia unos tanques habilitados al efecto.
Pero una inspección de Bienestar Animal realizada el pasado 3 de junio indicó que el tanque subterráneo tenía pérdidas hacia el barranco cercano, de modo que tuvo que clausurarlo.
El inspector constató que el propietario tenía articulado un sistema de recogida de residuos a través de una tanquilla y una canalización hacia seis tanques plásticos de 1.000 litros de capacidad cada uno, pero ese sistema no estaba en funcionamiento en el momento de la visita.
En la inspección se revisó el cauce del barranco cercano y se observó una fuga de líquidos descontrolada, así que la gestión de los residuos sigue siendo inadecuada, constata el auto judicial.
En cuanto a los cadáveres, el propietario afirmó que cuenta con un seguro para su retirada, pero reconoció haber enterrado algunos en la cercanía de la finca.
Según los análisis realizados por el laboratorio de referencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera en muestras tomadas en la zona los días 6 y 9 de mayo pasados, se detectaron "incrementos alarmantes en la presencia de metales en la tierra", explica el auto.
El incremento en la presencia de aluminio era de un 300,6 %, de arsénico de un 193,9 %, de hierro de un 434,3 %, de manganeso de un 273,8 % y de plomo de un 410 %.
"Todos estos parámetros afectan fuertemente el medio ambiente, con incremento directo de la eutrofización (saturación de las aguas) que causa entre otros efectos inmediatos la proliferación descontrolada de algas, alterando la microbiótica local y afectando todo el ecosistema", según el laboratorio.
La autoridad judicial concluye que el dueño de la explotación arroja sin autorización los purines hacia un tanque subterráneo sin impermeabilizar, con pérdidas hacia el barranco, lo que genera una fuga de líquidos descontrolada.
A ello se suma la quema, abandono y soterramiento de los cadáveres de los animales, "suponiendo todo ello indiciariamente una contaminación derivada de vertidos que pudieran deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, así como la introducción de elementos extraños en cauces, canales, conducciones o balsas de agua de cualquier tipo, susceptibles de producir contaminación al agua afectada".
El propietario "no puede alegar desconocimiento o ignorancia" porque ya había sido sancionado administrativamente en 2018 por arrojar purines y cadáveres de animales al barranco.
En el auto, la autoridad judicial da cinco días al ganadero para que proceda a la retirada voluntaria de los animales que viven en la granja y otorga su custodia al Cabildo de La Gomera de no verificarse. EFE
