Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El PSOE ha acusado a la consejera de Bienestar Social del Gobierno regional, Candelaria Delgado, de «falsear y maquillar» los datos de la dependencia mediante la contabilización de 16.000 prestaciones que, según este partido, se corresponden con 4.000 personas, y se ha sumado a la petición de cese realizada por los trabajadores.
En una rueda de prensa, la senadora por Tenerife, y exdirectora general de Dependencia con el PSOE, Marta Arocha, ha explicado este lunes que la manera de trampear los datos, tras contrastar los datos con el IMSERSO, consiste en contabilizar en el aplicativo como una prestación ya concedida cada una de las alternativas que en los programas individuales de atención (PIAs, que se corresponden con una sola persona) se contemplaban para un ciudadano.
Es decir, que según Arocha, si en el PIA de una persona se contemplaban cuatro tipos de ayuda distintas, pese a que finalmente no es habitual acabar recibiendo más de dos, el programa contabilizaba como cuatro el número de prestaciones concedidas.
«No nos casaba que hubiese 4.000 PIAs y 16.000 prestaciones. Todos los tipos de ayuda que proponían los trabajadores sociales lo grababan como derecho efectivo que recibía la persona dependiente, pese a no recibirlo», ha explicado Arocha.
En este sentido, ha recordado las quejas de los comités de empresa de ambas provincias, que han solicitado el cese de la consejera, a lo que Arocha ha dicho sumarse a sus reivindicaciones ante el «acoso brutal» que están sufriendo.
«Habría que ver si era todo el personal el que lo grababa así -en el aplicativo- o si era una parte específica de personal temporal. No quiero pensar que se les obligaba a hacer esas grabaciones, pero se ha sometido al personal a un acoso brutal e intolerable», ha apostillado.
Arocha ha apuntado que ya con los datos de 2024, «con los PIAs reducidas a la mitad respecto a 2022», no casaban los datos porque una persona puede recibir dos prestaciones, como acudir a un centro de día y tener teleasistencia, pero no cuatro.
La senadora ha advertido asimismo de las consecuencias que esto podría tener para la financiación que llega del Gobierno de España en su parte adicional, que está vinculada a la consecución de objetivos como reducir la lista de espera y aumentar el número de PIAs.
«Han incorporado al sistema a personas que esperaban por una residencia como si estuvieran ya en el centro. Es muy grave», ha resumido la senadora socialista, que ha recordado que en los datos de enero se han dado de baja a 1.000 personas, siendo Canarias «la única comunidad autónoma donde ha ocurrido algo así».
Lo han hecho, ha proseguido, para reducir la lista de espera pero de una manera «torticera», pues se trata de personas, ha agregado Arocha, que no contestaron a algún requerimiento administrativo, una cuestión que ha calificado de «cruel».
También ha criticado que se amparen en el procedimiento administrativo para hacer esto pero que luego no cumplan con el mismo al tardar más de seis meses en reconocer el grado de dependencia, por encima del plazo legal.
El PSOE ha cifrado así en 30.036 el número de personas en lista de espera, «la mayor cifra de la historia de Canarias», a lo que hay que sumar el fallecimiento de 2.278 personas que esperaban por la prestación en el primer trimestre del año.
La portavoz de Derechos Sociales del PSOE en el Parlamento canario, Elena Máñez, ha aseverado que es «la peor gestión en dependencia en los últimos 18 años», a lo que hay que sumar la «incapacidad de la consejera» para sacar adelante los convenios de dependencia con los cabildos, que contaban con «importantes recortes de recursos».
Máñez ha recordado que la consejera «no es cualquier consejera» sino que es trabajadora social y ha sido presidenta del colegio profesional, de modo que «no es creíble» que no se diera cuenta de que los datos no casaban.
«No es un error técnico, ni del aplicativo, es una mentira. Han mentido dos veces, cuando dio los datos y cuando los grabó y los mandó al IMSERSO», ha señalado Elena Máñez, que ha calificado la gestión de «invención, fraude, patraña e insulto».
La presidenta del grupo parlamentario socialista, Nira Fierro, ha aseverado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tenía hoy una oportunidad en el Consejo de Gobierno de «dignificar la gestión pública» tomando una decisión respecto a Delgado.
«El Gobierno de Canarias ha estafado a los canarios y al Gobierno de España. Es una tomadura de pelo a la gente que espera el reconocimiento de la dependencia. Un maquillaje premeditado que tendrá consecuencias sobre la financiación. No nos merecemos un gobierno que nos estafe y nos mienta», ha expresado Fierro. EFE
