Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Un técnico que formó parte del grupo de trabajo municipal para analizar la situación de la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ha dicho este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que la compañía no cumplía con las condiciones del contrato, pese a lo que concluyó la auditoría encargada a Kpmg.
En la segunda sesión del juicio que se sigue contra 15 exdirectivos de Emalsa, a los que se acusa de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa entre 2008 y 2012 y para los que se piden penas de hasta seis años de cárcel, este testigo, gerente de la Agencia Local de Energía en esos años, ha dicho que el informe jurídico y financiero de «Kpmg pasaba de puntillas sobre lo que se le pedía».
El grupo constituido durante el mandato del alcalde del PP Juan José Cardona (2011-2015), que fue quien denunció el caso a la Fiscalía y acordó la intervención de Emalsa, solicitó la auditoría externa para que analizara lo que ocurría en la compañía, pero «nos hirió mucho su conclusión porque decía que cumplía y con los datos en la mano» que se tenían, «se sabía» que eso no sucedía, ha recalcado.
Este testigo ha dicho que el Ayuntamiento pagó a Kpmg 94.000 euros por el informe, si bien se conoció después que esta consultora elaboró otro para Emalsa por importe de 240.000 euros, aunque ha matizado que no se pudo constatar.
Que no se reutilizaba ni depuraba el cien por cien del agua por parte de Emalsa, pese a que se cobraba una tasa para ello a los ciudadanos «era constatable», ha afirmado, al igual que el hecho de que el Ayuntamiento dejó de pagarle las labores de saneamiento porque no las llevaba a cabo y que las desaladoras estaban en mal estado.
Casi el 60 por ciento del agua distribuida se vertía al mar sin depurar, así como los lodos de la planta de la estación depuradora de Barranco Seco, porque no se usaba la planta de biometalización que se cedió a Emalsa en 1997, que cree que «no se llegó a utilizar nunca», ha asegurado el testigo, que ha afirmado que lleva 60 años dedicado a la investigación del agua.
A preguntas de la defensa de por qué no se hizo nada contra Emalsa si su comportamiento fue tan «grosero», el testigo ha respondido que el Ayuntamiento carecía de un régimen sancionador en caso de incumplimiento de las condiciones del contrato.
Ello se debía a que el pliego para la adjudicación a Unelco y Saur en 1992 de la parte privada de la compañía era «débil» y el de 1998 con la empresa Sercanarias, formada por los socios privados de Emalsa, era «aún peor».
Además, ha dicho que se encontraron con «pegas» que no pudieron solventar para aplicar la ley de contratos de servicios públicos.
El que fuera gerente de la ALGE ha explicado al tribunal que el perjuicio inicial que Cardona calculó que había causado Emalsa al Ayuntamiento, de entre 8 y 10 millones de euros, lo determinó por el incumplimiento reiterado del contrato de saneamiento con Sercanarias de 1998.
Otro testigo miembro del citado grupo y empleado público del Ayuntamiento desde hace 20 años, ha abundado en que era «difícil» obtener información «fiable» por parte de la empresa de aguas y, en ocasiones, era «escasa, insuficiente y ambigua».
Así mismo, ha señalado que el informe elaborado por Kpmg no era del agrado del jefe de servicio de Aguas del Consistorio e interventor de Emalsa, Rafael Bolívar, y lo cuestionaba.
Ha manifestado que se inició el informe de intervención para «disipar los indicios de los incumplimientos por falta de mantenimiento de las redes de saneamiento», por lo cual se le reclamaba.
En esta sesión ha testificado también otro miembro del citado grupo, un funcionario que estuvo 42 años trabajando en el Ayuntamiento, quien ha asegurado que era el que más conocimiento tenía de la red de saneamiento.
Este testigo solo recuerda que en 2010, cuando era alcalde el socialista Jerónimo Saavedra, se le encargó un informe para modificar el precio del agua por Emalsa y al observar dudas pidió que fuera auditado.
También ha declarado como testigo el político José Miguel Bravo de Laguna, al haber sido secretario del consejo de administración de Emalsa entre 2008 y 2011, así como de la empresa Sercanarias, además de socio del despacho Gómez Acebo hasta 2009, a cuya firma en Madrid se le encargó un informe para ver si se podía contratar a Sercanarias el saneamiento de la ciudad, al estar constituida por los socios de Emalsa.
El despacho concluyó que sí se podía, y el consejo de administración de Emalsa votó por mayoría el contrato en 2008, aunque cuatro ediles de la corporación votaron en contra por razones políticas, porque preferían un concurso abierto, pero sin poner objeciones a Sercanarias.
Así mismo, ha afirmado que los contratos de arrendamiento a Satocan de las oficinas de Las Ramblas como nueva sede de Emalsa fueron aprobados, según cree, por unanimidad por el consejo de administración, donde se discutió que el precio podía ser alto, si bien nadie se opuso.
Además, el consejo de administración también aprobó con los votos de los representantes del ayuntamiento y de los trabajadores municipales renegociar el contrato con Satocan y fijar una renta mensual de 65.000 euros. EFE
