Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La directora general de Emalsa, Mercedes Fernández, ha afirmado este jueves ante la Audiencia de Las Palmas que la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria no ha sufrido «ningún perjuicio» económico por los contratos con Sercanarias, frente a lo que sostienen las acusaciones, que los consideran la causa de un quebranto de 23,4 millones de euros.
En su declaración como testigo en la tercera sesión del juicio que se sigue contra 15 exdirectivos de Emalsa como presuntos autores de ese quebrando a la empresa entre los años 2008 y 2012, Fernández ha dicho que las distintas auditorías externas que se practicaron no advirtieron incumplimiento en los contratos con Sercanarias, sociedad formada entonces por Saur y Valoriza, los socios privados de la compañía mixta de aguas en esos años.
Durante más de dos horas y media que ha durado el interrogatorio de Fernández por parte de las defensas y las acusaciones, la directora general de Emalsa desde 2012, aunque en periodos lo ha sido de forma alterna, ha explicado que cuando asumió el cargo no le llamó la atención la subcontratación a otras empresas, ya que «es habitual».
En relación a los contratos con Sercanarias objeto de la causa, ha explicado que el de saneamiento incluía la limpieza del alcantarillado y la reparación de averías, así como otras muchas actuaciones, y que las facturas que se presentaban al Ayuntamiento para cobrar el servicio estaban visadas por técnicos de Emalsa.
Pese a que esas facturas se dejaron de pagar en la etapa de Juan José Cardona como alcalde, en cuatro sentencias se logró su abono, ha recalcado Fernández, que ha reconocido que no se podía limpiar toda la red del alcantarillado, que comprendía 350 kilómetros, según el contrato, aunque la realidad es que abarca más de 800 kilómetros, y que tenían que atender también incidencias.
La auditoría no vio «ni ilegalidad ni quebranto»
Según esta testigo, la auditoría practicada por Auren y que fue presentada al consejo de administración de Emalsa el 14 de mayo de 2013 concluyó que no se había producido «ni ilegalidad ni quebranto» a la empresa y se aprobó por unanimidad junto con una serie de recomendaciones para implementar mejoras que entendía convenientes.
La actual directora general de la empresa ha detallado que la consultora Análisis Ingenieros emitió también dos informes sobre las facturas del contrato de saneamiento, uno primero incompleto en el que se señalaba que solo se podían acreditar 500.000 euros de los 4,5 millones que anualmente debía percibir, y uno segundo con más información aportada por Emalsa en el que se determinó que sí se cumplía y que, incluso, el coste era superior.
Sobre los dos informes de la consultora KPMG por encargo del Ayuntamiento, ha dicho que tampoco en ellos se advirtió irregularidad alguna, y que la misma firma fue contratada posteriormente por Emalsa para elaborar un dossier que facilitara reformular las relaciones con el Ayuntamiento y resolver problemas.
En relación al contrato con Sercanarias para el traslado de lodos, Fernández ha explicado que el transporte se producía en función de la demanda de los técnicos de la depuradora de Emalsa en Barranco Seco y del vertedero de Juan Grande, y que asumió este servicio porque la empresa anterior «tenía muchos problemas y los camiones destrozados».
Según la directora de la empresa, si Emalsa se hubiera encargada por sí misma de ese operativa, el coste hubiera sido mayor.
En cuanto al contrato de abastecimiento y averías con Sercanarias, ha señalado que las condiciones del acuerdo eran las mismas que las de las otras empresas, con los mismos precios y asignación de áreas, y que llegó a haber cinco compañías contratadas.
Sobre el contrato de desbroce y jardines, pese a su nombre, solo comprendía el mantenimiento de los depósitos de agua potable que lo planificaban los técnicos de Emalsa, ha indicado.
En cuanto a las prestaciones accesorias de los socios privados que fueron abonadas por Emalsa entre 2008 y 2012, ha declarado que respondían a los precios de mercado y se consignaban en las cuentas anuales y se pagaban desde 1994, aunque inicialmente eran menores porque había menos personal directivo y menos horas de dedicación.
La directora general de Emalsa ha señalado que en las cuentas anuales figuraba también la renta que se pagaba a Satocan por el alquiler de las oficinas en el centro comercial Las Ramblas y siempre han sido aprobadas por unanimidad, si bien en la actualidad ocupan una sola planta del edificio por la que abonan 22.000 euros al mes.
Además, ha recalcado que el consejo de administración de Emalsa renovó los contratos con Sercanarias por unanimidad.
Un concejal se negó a pagar «documentos en blanco»
En esta jornada ha declarado como testigo Martín Lucinio Muñoz, que fue concejal de Recursos Humanos y después de Aguas en la etapa de Cardona, y que, según ha manifestado ha al tribunal, al asumir esta segunda responsabilidad lo primero que hizo fue hacer «una radiografía de la situación de Emalsa».
Muñoz ha remarcado que se negó a pagar las facturas de saneamiento de Sercanarias porque él «no firmaba un documento en blanco» y que le dijeron que «siempre se hacía así».
Y ha explicado que, a partir de ese momento comenzaron las desavenencias con Emalsa y decidió crear una comisión de trabajo con personal que tuviera experiencia en el sector de aguas para analizar la gestión de la compañía y, por eso, se encargó a Auren la auditoría, que concluyó que no hubo quebranto ni incumplimiento por parte de Sercanarias.
Las facturas de saneamiento se dejaron de pagar hasta la siguiente legislatura, ha señalado Muñoz, quien ha hecho hincapié en que advirtió al alcalde de que había que bajar el precio del alquiler de las oficinas de Las Ramblas por «excesivo» (ascendía entonces a 900.000 euros al año). EFE