Coalición Canaria exige que cualquier intervención en el antiguo acuartelamiento cumpla con las normas urbanísticas y se integre con el entorno urbano y social.
Las Palmas de Gran Canaria. Coalición Canaria, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha reiterado su posición respecto al uso del antiguo cuartel Canarias 50, tras conocerse que el Estado ha iniciado una reforma exprés del espacio para habilitar 250 plazas de tránsito para menores migrantes con derecho a asilo.
“Desde Coalición Canaria apoyamos que el Estado asuma su responsabilidad en la gestión de la migración, pero eso no puede hacerse al margen de los vecinos de La Isleta ni de las normas urbanísticas municipales”, ha declarado David Suárez.
En este sentido, Suárez remarcó que la instalación en Canarias 50 solo puede concebirse como un centro de tránsito, tal y como ha defendido Coalición Canaria a nivel regional. “No puede convertirse en un recurso permanente ni en un macrocentro alejado del entorno”, advirtió.
“La Isleta ha soportado históricamente la carga de decisiones impuestas sin participación vecinal. Este espacio debe tener un uso compartido: debe atender de manera temporal a los menores migrantes, pero también abrirse a las necesidades reales del barrio, como zonas verdes, instalaciones deportivas y espacios públicos”, subrayó el portavoz.
Sobre las reformas anunciadas por el Estado, Suárez alertó que “cualquier intervención debe respetar el planeamiento urbanístico vigente”, recordando que “en su momento, desde la Delegación del Gobierno intentaron actuar sin ajustarse a la legalidad, y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir”.
Además, el portavoz municipal denunció la falta de transparencia y las promesas incumplidas del Gobierno de España respecto a Canarias:
“Estamos cansados de los anuncios que luego no se cumplen. Nos prometieron corresponsabilidad, planificación y respeto a la singularidad de las Islas, pero una vez más, toman decisiones unilaterales desde Madrid sin contar con quienes vivimos aquí ni con los vecinos directamente afectados”, lamentó Suárez.
Suárez también quiso reconocer el trabajo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “que ha liderado en los últimos años la exigencia de una respuesta legal, humana y estructural por parte del Estado, logrando que se asuma, por fin, parte de la responsabilidad en la atención a menores migrantes”.
“Coalición Canaria, con el presidente Clavijo al frente, ha logrado que el Estado empiece a actuar, como demuestra la reciente integración de los primeros 827 menores asilados al sistema de protección internacional. Este es un paso que valoramos positivamente, pero que debe ir acompañado de planificación y diálogo con los territorios afectados”, añadió Suárez.
Finalmente, el portavoz insistió en que la atención humanitaria y la legalidad urbanística no son excluyentes, y exigió que cualquier uso del Canarias 50 cuente con la implicación del Ayuntamiento y del tejido vecinal.
“Coalición Canaria seguirá alzando la voz para defender una solución justa, legal y compartida. No aceptaremos improvisaciones ni imposiciones en barrios como La Isleta, que merecen respeto, inversiones y participación real en las decisiones que les afectan”, concluyó.