Santa Cruz De Tenerife (EFE).- Amnistía Internacional ha advertido graves fallos en la responsabilidad compartida entre Estado y Gobierno canario, con vulneración de derechos de los menores migrantes acogidos en macrocentros, con casos de violencia de trabajadores hacia los niños y con una gran descoordinación en Policía y Fiscalía entre ambas provincias en el archipiélago.
Son parte de los datos del informe «A día de hoy no tengo nada. El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias» que han expuesto este viernes en el Parlamento regional la responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía, María José Pérez, y la responsable de Investigación, Virginia Álvarez.
Esta última ha sido la encargada de relatar las líneas básicas del informe con la advertencia de que, entre las situaciones más significativas que se han identificado, la primera es que acoger a los menores en macrocentros no garantiza el cumplimiento del interés superior de niños y niñas.
Lo que fue un dispositivo de emergencia surgido en 2020 se ha convertido en permanente y los menores se acogen en los 82 macrocentros repartidos por las islas donde no es posible desarrollar programas educativos individualizados ni detectar sus necesidades y vulnerabilidades.
También se han documentado denuncias de violencia contra los niños por parte de trabajadores de los centros y Amnistía Internacional ha podido comprobar que ni cuentan con personal suficiente y que en algunos casos su formación es deficiente, lo que se agrava por la falta de inspección de las autoridades competentes.
Mecanismos para poder quejarse
Por ello Amnistía pide que se garanticen mecanismos adecuados para que los menores puedan remitir sus quejas de manera confidencial y sin miedo a sufrir represalias, no con un buzón de quejas que ve el director del centro, ha señalado Virginia Álvarez.
Y lo que se ha visto particularmente en Canarias es que es necesario coordinar mejor a las distintas administraciones porque su descoordinación actual «está trayendo graves consecuencias», pues no se garantiza la debida diligencia en la detección e identificación de menores desde que llegan a las costas «empezando por las reticencias de la Policía».
Al respecto, Amnistía ha trasladado a Fiscalía su preocupación por el dato de que el Fiscal de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife «aceptó (durante su entrevista) que había menores en centros de adultos a sabiendas».
A Virginia Álvarez le ha sorprendido «mucho» ver cómo las dos provincias canarias funcionan de manera tan diferente en relación con la tramitación de la documentación de los menores, incluidas autoridades, Fiscalía y Medicina Forense, por lo que ha llamado la atención sobre la necesidad de unificar protocolos.
Comunidades corresponsables, no sólo solidarias
Además ha puntualizado Amnistía que pide al resto de comunidades autónomas a que sean «corresponsables» con el bienestar de los niños porque no es una cuestión de mera solidaridad, es una labor de todo el Estado, al tiempo que ha expresado su preocupación por la instrumentalización de los menores como herramienta política y de discursos de odio.
«Pido a los responsables políticos contención en los discursos que criminalizan a todo un colectivo y lo dejan en situación mucho más vulnerable, ha apelado la representante de Amnistía.
El sistema de acogida canario está «sobrepasado» pero con una revisión de ciertos mecanismos se puede mejorar la atención a estos niños y su transición a la vida adulta, y también el Estado y resto de regiones deben responder solidariamente a su acogida, ha insistido.
Además agradeció a los grupos parlamentarios que «en gran mayoría» comparten el diagnóstico realizado por Amnistía, aunque en la comisión parlamentaria la representante de Vox, Paula Jover, recriminó a esta entidad no gubernamental que haya «tirado la toalla» de luchar en origen y acusó de «discriminación» en las medidas propuestas en relación con los menores españoles.
Imposibilidad de retorno
Álvarez replicó que los menores extranjeros no pueden ser retornados porque en sus países, incluido Marruecos, no hay un sistema de protección para su acogida, para exponer que los casi 4.000 menores ucranianos llegados a España no han sido objeto de debate político, lo que a su juicio «sitúa muy bien el debate».
«¿Los niños ucranianos no han sido un problema porque son rubios y se mezclan totalmente con la población española?, pues mis costumbres distan mucho de las ucranianas», ha expuesto Álvarez, quien ha apelado a ver este asunto como una solución y no como un problema que gestionar.
Ha enfatizado que no hay vías legales y seguras para emigrar desde África a Europa pese a que nadie debería jugarse la vida para venir a España, y ha hablado del miedo que pasan las madres que se meten con sus bebés en pateras porque no tienen otra forma de llegar.
La inmigración «es una manguera llena de agujeros» y cuando se tapa Grecia salta Italia y si no Canarias, y a las islas están llegando personas de Oriente Medio mientras Europa «mira para otro lado y cierra las puertas».
Y si se trata de menores son los que huyen de la violencia de su país o son la única solución de vida para sus padres, el seguro de vida para toda su familia y por ello tienen sensación de pérdida de tiempo cuando llegan a un centro de acogida.
Los africanos tienen ganas de integrarse y de no perder el tiempo pero Amnistía ha hablado con malienses y sudaneses que arribaron a Canarias con 15 años y a la Policía Nacional «no se le ocurrió» dar información a esos menores sobre su derecho a acogerse a un sistema de protección internacional, ha criticado Álvarez.
Instrumentalización de los migrantes
Con el pacto migratorio europeo «que se nos viene» Canarias puede encontrarse en una situación complicada «si las cosas no se hacen bien» y para ello, ha insistido, hace falta más voluntad política y menos instrumentalización de las personas migrantes, y en esto último también ha culpado a Marruecos.
Además ha considerado que el Gobierno central puede hacer mucho más que los acuerdos para derivar menores y ha considerado que los autos del Tribunal Supremo respecto a la política de asilo son «un toque de atención» sobre la necesidad de revisar procedimientos, también por parte de la Policía y de la Fiscalía.
Amnistía pide que se garantice la capacitación de policías, fiscales, médicos en general, letrados, intérpretes y personal responsable de la acogida, pues debe haber una evaluación individualizada y asegurar que cada menor es escuchado y cuenta con asesoramiento adecuado a su madurez, además de asistencia jurídica gratuita.
Un niño extranjero no acompañado es ante todo una persona que necesita protección porque, precisamente por su situación, está expuesto a ser objeto de explotación laboral y sexual, esta última frecuente en el caso de las niñas y las redes de trata.
También ha apelado Amnistía a la situación de estos menores que, en muchos casos, proceden de países en guerra como Mali y Sudán o escapan de situaciones de violencia y esclavitud incluso en Senegal y Marruecos. EFE
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