La Corporación Insular ha manifestado que, de prosperar el acuerdo bilateral, según estimaciones preliminares, significaría una pérdida de 2.500 millones de euros para Canarias. Además, implicaría la quiebra de la caja común y la ruptura del principio de solidaridad. El Cabildo de Tenerife ha expresado su rechazo al pacto bilateral alcanzado para modificar el sistema vigente de financiación autonómica, suscrito por los presidentes de los gobiernos de España y la Generalitat de Cataluña.
El Pleno de la Corporación Insular aprobó una moción en la que rechaza dicho acuerdo bilateral «por ser contrario a los requisitos legales y democráticos vigentes y por los perjuicios que supondría para la financiación de los servicios públicos esenciales de Canarias.» Se opone, asimismo, a cualquier propuesta de financiación autonómica singular o bilateral que se aleje del sistema común.
La Corporación Insular reafirmó su compromiso con el «modelo de Estado autonómico consagrado en la Constitución Española, basado en la igualdad, la solidaridad y la cooperación entre territorios.» En este sentido, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife instó al Gobierno de España a que cualquier «reforma del sistema de financiación autonómica se tramite mediante el procedimiento multilateral establecido, con participación activa de todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.» Además, exige al Gobierno el respeto por los principios de unidad, autonomía y solidaridad que conforman los ejes del Estado Autonómico.
Se acordó también exigir al Gobierno de España que «inicie un proceso de negociación sobre el modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta de forma efectiva las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, garantizando los recursos necesarios para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial.»
En la moción se propone, además, que el Cabildo «remita el acuerdo a los cabildos insulares y ayuntamientos, a través de la FECAI y la FECAM, con el objetivo de promover una negociación multilateral del modelo de financiación de las comunidades autónomas y la protección del sostenimiento y mejora de los servicios públicos esenciales en las Islas.»
El acuerdo señala que «de prosperar este acuerdo bilateral, según las primeras estimaciones, supondría para Canarias una pérdida de 2.500 millones de euros, al tiempo que implicaría la quiebra de la caja común y la ruptura del principio de solidaridad.» Esto pondría en riesgo la mejora y el mantenimiento de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales en las Islas, y aumentaría la brecha entre regiones ricas y pobres, donde las primeras podrán bajar sus impuestos y las segundas no podrán financiar sus servicios esenciales, convirtiendo a España en un estado injusto e insolidario.»
El texto añade que Canarias «sigue sin poder usar su superávit para mejorar la sanidad y la dependencia debido a la injusta aplicación de la regla de gasto, mientras el PSOE otorga a Cataluña un sistema fiscal privilegiado.»
Finalmente, la moción aprobada por el Pleno del Cabildo sentencia que «el contenido del acuerdo de financiación del PSOE con los partidos nacionalistas catalanes que le apoyan para mantener el Gobierno representa la ruptura de la arquitectura fiscal española y pone en riesgo los principios constitucionales de solidaridad, equidad e igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos.»
