Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El magistrado Miguel Ángel Parramón, vinculado a Canarias desde hace 35 años, ha tomado este lunes posesión como nuevo presidente de la Audiencia de Las Palmas recalcando que «la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusticia».
El sucesor de Emilio Moya, que ha tenido como padrinos en este acto a los magistrados Pedro Herrera y Carla Vallejo, ha subrayado, entre sus prioridades al frente de la Audiencia de Las Palmas la necesidad de «mejorar su respuesta judicial» ante «la carga desproporcionada» de trabajo a la que hace frente, lo que «impide, en muchos casos, resolver pleitos en plazos razonables».
Una carga a la que contribuye aún más, según ha dicho, las consecuencias jurídicas derivadas de la presión migratoria que soporta Canarias.
Reforzar las secciones civiles y penales de la Audiencia de Las Palmas para que su respuesta judicial se de en un tiempo «justo» y profundizar en la coordinación de sus distintos órganos con criterios «comunes», y acercar la justicia al ciudadano, han sido algunos de los objetivos que ha asumido Parramón al tomar posesión.
Además, ha recordado que, cuando compareció, el pasado 29 de mayo, ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo, resoluciones relevantes y su proyecto, defendió la especialización inmediata de la sección primera de la Audiencia Provincial en violencia contra la infancia y la adolescencia, en consonancia con la existencia en la capital grancanaria del primer juzgado de España que asume dicha competencia con carácter exclusivo.
En su discurso, el magistrado ha aludido «al momento de inflexión en el que nos encontramos, como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo organizativo judicial ideado por la Ley de Eficiencia».
Al respecto, se ha mostrado convencido de que «los tribunales de instancia van a potenciar el trabajo en equipo y pueden posibilitar una mayor eficiencia y eficacia en el servicio de la justicia», si bien ha resaltado que «la mejora que se espera conseguir viene especialmente condicionada por cómo se haga su aplicación por las Administraciones con competencia en la materia».
«Si no se facilitan los medios personales y materiales necesarios y no se invita a la participación e implicación de todos los profesionales que han de intervenir en este proceso de renovación, difícilmente se podrá alcanzar la finalidad pretendida», ha advertido.
En lo que afecta a la Audiencia Provincial, ha planteado como mejora del funcionamiento de las oficinas judiciales la creación de un servicio común de ejecutorias que, bajo los principios de especialización y eficiencia, pueda servir a todas las secciones penales, así como un equipo específico y especializado en los procedimientos, cada vez más numerosos, que se siguen ante el Tribunal del Jurado, y que exigen de una formación y trámites específicos.
De igual modo, ha referido, deberán crearse equipos especializados en el orden civil que traten asuntos de familia y discapacidad y asuntos calificados como urgentes, llevándolo a cabo con la celeridad que la naturaleza de los mismos aconseja. EFE