Puerto del Rosario (Fuerteventura) (EFE).- La concejal de Personal, Obras y Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario la pasada legislatura, Peña Armas, ha negado este miércoles haber cobrado «ni un solo céntimo» de las empresas o particulares con las que trabajaba el Consistorio durante su mandato y se ha declarado víctima de una «denuncia política» por parte de la Fiscalía.
La portavoz de Fuerteventura Avanza ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital de la isla para declarar sobre el llamado ‘caso Odín’, ya que es una las principales señaladas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en el denominado ‘caso Odín’, relativa contratos municipales adjudicados entre 2021 y 2023 por valor de 1.129.056 euros, buena parte de los cuales tuvieron como beneficiarias a personas de su familia.
Tras ser interrogada, Peña Armas ha leído ante la prensa un comunicado en el que niega haber cometido irregularidad y ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía no haya denunciado también al anterior alcalde, Juan Jiménez (PSOE), cuando este intervino en muchos de esos expedientes, ha argumentado.
«No está investigado por una denuncia de la Fiscalía, en la que no se formula sospecha alguna en su contra en las adjudicaciones efectuadas. Todos los pagos de las adjudicaciones fueron ordenados por el concejal de Economía, el señor Verdugo Muñoz, que es licenciado en Derecho. A pesar de algunas objeciones del interventor, el señor Verdugo no puso objeción alguna a ningún pago», ha alegado.
De hecho, según su tesis, «el expediente con mayores infracciones señaladas por la auditoría» a la que se sometieron esos contratos «fue realizado y firmado» por el entonces alcalde, Juan Jiménez, que intervino en ese procedimiento «y en muchos más».
Todo ello probaría, ha afirmado, que es víctima de una «denuncia política»: «La prueba más evidente es que se seleccionaron 36 expedientes para una auditoría, que es en la que se ampara la Fiscalía, y más de la mitad de los expedientes afectan a políticos del PSOE, entre ellos el más grave y a los que la Fiscalía ni los menciona como investigados».
Peña Armas ha acusado además al Ministerio Público de haberse «olvidado de examinar otros cientos de expedientes con mucha más cuantía en los que intervienen otros concejales del PSOE y el anterior alcalde, algunos con un medio de comunicación superiores a medio millón de euros».
En cuanto a la contratación de empresas de su círculo familiar, ha dicho que ni el concejal de Economía ni otros miembros del Consistorio le pusieron «objeción legal alguna en la contratación por el parentesco de tercer y cuarto grado, no prohibida por la ley».
«El anterior alcalde y otros concejales también promovieron adjudicaciones a las mismas empresas con las que se cuestiona mi proceder. He declarado, al igual que la vendedora, cómo pagué una vivienda adquirida de mi dinero, acreditando el origen de todos y cada uno de los pagos totalmente legal», ha añadido.
Medio millón en contratos a empresas de su primo
En el informe sobre este caso emitido por el fiscal Javier Ródenas, al que ha tenido acceso EFE, se reitera que la investigación apunta a supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
De todos los 36 contratos investigados, un total de 29, por importe de 956.653 euros, fueron adjudicados «al entorno familiar de la concejal» Peña Armas, que durante la pasada legislatura fue concejal de Personal, Contratación y Obras, relata.
El 50 % de los expedientes de contratación investigados, son adjudicados en favor del primo de Peña Armas, Cipriano Armas Mesa, que también está llamado a comparecer ante la juez este miércoles, o por alguna de las empresas administradas por él como Codeplag Canarias SL, Tuercón Canarias SL y Montaña de Silvo SL, compartiendo la administración de esta última con su hermano Sergio, también investigado. En total, les fueron adjudicados 522.272 euros.
Durante el periodo analizado, la mujer de Cipriano, Lorena Brito, fue contratada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de seis contratos, cuyo presupuesto total ascendió a 210.011 euros, lo que suma entre ambos cónyuges un total de 732.283 euros.
De la información recabada «se evidencia que los investigados convinieron en participar en un plan fraudulento en el seno de la contratación pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuya finalidad era un incremento económico de las empresas adjudicatarias vinculadas familiarmente» y «por relaciones de amistad» con Peña Armas.
Según el informe de Fiscalía, es fácil constatar que, la conducta de adjudicar los contratos menores de obras y servicios, «esconde una finalidad ilícita», siendo el mecanismo utilizado para la obtención en provecho propio y de empresarios con los que los funcionarios públicos investigados reúnen «una cercana relación de confianza, cuando no de consanguineidad y de amistad».
En su informe, resalta el «artificio fraudulento de la necesidad de ejecutar adjudicaciones por urgencia, cuando el objeto específico de la contrata estaba ya ejecutado» y en contra de los reparos de Intervención, «pero con la inescindible ayuda de la supervisión del técnico investigado», José Luis Espinel.
El pasado 17 de julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo a la concejal, su primo y al técnico municipal en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
Las presuntas irregularidades llegaron a la Fiscalía a través de dos denuncias presentadas hace dos años, una por parte de Podemos y otra por un comunicante anónimo. EFE
