La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explicó, a petición de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, la actual situación de la población infantil canaria
En su intervención, Rodríguez expuso las medidas desarrolladas por el Ejecutivo canario en la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados
“El trabajo y compromiso de Canarias es poner a la infancia en el centro, no solo de las políticas públicas, sino del corazón mismo de nuestra sociedad”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en el marco de la intervención realizada ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, a petición de la Subcomisión sobre el estudio de un pacto de estado para la erradicación de la pobreza infantil.
En su intervención, Rodríguez realizó un recorrido sobre la actual situación de la infancia en Canarias sobre la que indicó que, en materia de pobreza, el Archipiélago mantiene una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de España, el 31,2 % en el índice Arope frente al 25,8 % nacional. “Esta situación afecta de manera especialmente intensa a la población infantil y adolescente, donde el índice es del 36,4 %. La cifra ha mejorad con respecto a años anteriores, pero muestra la repetición de un ciclo intergeneracional de pobreza que limita las oportunidades de desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes”.
Además, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias afirmó que la atención a la población infantil canaria más vulnerable “se ve afectada por un fenómeno de alcance humanitario y estructural como es la llegada continuada de menores extranjeros no acompañados, situación que Canarias ha tenido que afrontar en solitario, llegando a atender a más de 5.000 menores migrantes no acompañados”.
“Esta realidad, aunque de distinta naturaleza, ha exigido una respuesta pública coordinada, basada en la protección de los derechos humanos y en los principios de solidaridad y corresponsabilidad institucional”, afirmó Rodríguez quien subrayó que la llegada continua de menores migrantes no acompañados representa “uno de los mayores desafíos humanitarios, sociales y administrativos a los que se enfrenta Canarias, España y Europa en la actualidad, porque estos niños y niñas llegan para quedarse”, aseguró Rodríguez.
Ante los retos planteados por esta realidad, el Gobierno de Canarias ha definido como objetivo estratégico prioritario la reducción de la pobreza infantil y la ruptura del ciclo intergeneracional de la exclusión social, “impulsando programas de preservación familiar orientados a prevenir la desprotección y fortalecer las capacidades parentales; mediación; o parentalidad positiva en el ámbito comunitario y apostando por programas como el acogimiento familiar, incrementando el banco de familias especializadas incluyendo aquellas con capacidades para atender a la infancia migrante”, afirmó Sandra Rodríguez.
Además, a estas medidas, ha sumado la tramitación de la nueva Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, “que actualizará nuestro marco jurídico con la creación de canales de participación infantil y adolescente”, así como la puesta en marcha de un sistema de seguimiento estadístico anual, coordinado con el Instituto Canario de Estadística, que permitirá evaluar indicadores clave como la tasa Arope infantil, la privación material severa, el abandono educativo temprano y el acceso a servicios básicos.
Más de 16.000 menores acogidos desde 2019
En su intervención ante la Subcomisión, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias explicó la situación de las Islas en materia de atención a menores migrantes no acompañados. A este respecto, indicó que, desde finales de 2019, Canarias ha acogido a más de 16.000 menores migrantes no acompañados. A fecha 30 de septiembre de 2025, 4.617 menores permanecían bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Un dato que choca con lo “algo más de 13.000 menores migrantes no acompañados acogidos en el resto del país”.
“Esto supone que Canarias sostiene el mayor número de menores migrantes atendidos del todo el Estado, superando con creces la capacidad inicial del sistema de acogimiento residencial canario, que fue concebido para atender a unos 1.700 menores, de los cuales apenas 200 eran extranjeros”, aseguró.
“Ante todo ello, Canarias ha afrontado en solitario el esfuerzo en la acogida y atención de estas chicas y chicos lo que se ha visto materializado en una inversión económica sin precedentes: casi 144 millones de euros en 2024, frente a los 68 millones de 2021” pero, “a pesar de estar afrontando esta situación en total soledad, el Gobierno de Canarias siempre ha planteado soluciones y alternativas solidarias y corresponsables a la atención de la infancia migrante, impulsando, entre otras, la modificación el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, con el fin de establecer un mecanismo de distribución solidaria entre comunidades autónomas y un marco financiero estable que garantice una atención digna y sostenible”.
“Asimismo, Canarias ha luchado por el derecho de aquellos menores migrantes solicitantes de la Protección Internacional, una competencia exclusiva del Estado que, ante la reiterada negativa del Gobierno central a asumir su obligación, con la excusa de que el sistema no estaba preparado para ello, Canarias tuvo que exigir judicialmente y llegar ante el Tribunal Supremo”, recalcó la responsable autonómica, “porque detrás de cada expediente hay una historia de vida: un niño que necesita atención temprana, una familia que lucha por sostenerse, una adolescente que busca su lugar, o un menor que, por fin, confía en que puede tener un futuro distinto”, concluyó Sandra Rodríguez.
