Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, considera «un disparate» el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ratifica la suspensión provisional no solo del proyecto del carril bici sino de la denominada «red ciclable», que abarca a medio centenar de calles.
En declaraciones a la cadena Cope recogidas por EFE, Bermúdez ha afirmado que lo que viene a decir el alto tribunal canario es que como se anula la ordenanza de movilidad «no podemos poner el carril bici», pero la que está en vigor, desde 1985, permite instalarlos y de hecho ya existen en otros puntos de la ciudad.
«No permitir que se aplique» la ordenanza de 1985 es desde el punto de vista del alcalde de Santa Cruz «un disparate», y lo que «nos deja perplejos» del último auto del TSJC, que en todo caso «acatamos y respetamos».
Bermúdez ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Supremo, pero cree que «no tiene ningún sentido» mantener el carril bici cerrado hasta que haya un pronunciamiento del alto tribunal.
Por eso, ha defendido la decisión de desmontarlo en las calles del Pilar y Villalba Hervás, porque «es la que más se ajusta» a las demandas de los comerciantes de la zona, temerosos de que pudiera afectar a la campaña de Navidad, y porque «no podemos seguir al albur de sentencias judiciales con esa obra inacabada en el centro de la ciudad».
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha minimizado el dinero público que se perderá en el montaje y desmontaje del carril bici en estas dos calles, ya que la mayoría de la instalación «se queda o se reutiliza», como los separadores o el asfaltado, que «sirve para coches y bicis y patinetes».
El último auto del TSJC confirma la ejecución provisional de la sentencia que había dado la razón a la asociación vecinal El Perenquén respecto a la continuidad por las calles del Pilar y Villalba Hervás del carril bici, cuyas obras comenzaron en octubre de 2024 y culminaron pocos meses después.
La apertura estaba prevista para el pasado junio, si bien fue impedida por la justicia.
«El Ayuntamiento no puede invocar válidamente disposiciones de rango legal para tratar de llevar a cabo las actuaciones que expresamente hemos prohibido, puesto que las previsiones que pudieran amparar el establecimiento de ‘carriles bici’ o ‘redes ciclables’ no son autoaplicativas, sino que requieren mediación de ordenanza», señala el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El auto hace así referencia al hecho de que la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento también fue anulada por no ajustarse a derecho, tal y como se transmitió en un auto el pasado marzo.
En esta nueva comunicación, el TSJC señala que las tesis del Ayuntamiento para poner en funcionamiento el carril bici se basan en razonamientos para supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones, y que «como se extrae sin dificultad de una mera lectura» de la normativa, se refiere a «procesiones, espectáculos o problemas graves pero aislados de contaminación», entre otros.
«Con todo respeto a las autoridades y funcionarios de dicha corporación», continúa el auto, siguiendo esa argumentación «no se comprende por qué se acordó acometer la elaboración de una ordenanza a ese respecto».
