Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los siete grupos políticos del Parlamento de Canarias han consensuado la primera Ley de Volcanes aprobada en España, cuyo dictamen ha salido adelante en comisión este 19 de septiembre, justo en el cuarto aniversario de la erupción del volcán de La Palma, el Tajogaite, que devastó poblaciones y cultivos en el Valle de Aridane.
La Ley de Volcanes, una iniciativa legislativa popular surgida en La Palma tras la erupción y que llegó al Parlamento con el respaldo de más de 18.000 firmas, ha sido tramitada y enmendada por la Cámara, que la aprobará definitivamente por unanimidad en el pleno de la próxima semana.
La normativa busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.
La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.
La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.
En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.
La sesión de la comisión parlamentaria que ha debatido el informe de la ponencia y votado el dictamen definitivo ha concluido entre aplausos y no se ha producido ni un solo reproche, sino agradecimientos mutuos, entre las siete fuerzas políticas, algo inusual en los debates políticos.
Ha sido un ejercicio de «política útil» impulsada por la ciudadanía, justo lo contrario de lo que ocurre en los últimos tiempos tanto en la política internacional como en la estatal, según ha subrayado el representante de Coalición Canaria, Jonathan de Felipe.
Alicia Vanoostende, del PSOE, ha destacado que en este cuarto aniversario del Tajogaite todos rememoran «la zozobra y la angustia» vivida en la erupción, pero la melancolía y la nostalgia por lo perdido se compensa en parte por las ganas de seguir adelante y de buscar un futuro, algo que representa esta Ley de Volcanes.
La Ley de Volcanes nace del aprendizaje sobre la experiencia de una catástrofe volcánica «a la que nos enfrentamos sin manual», y permitirá que en otras erupciones pueda haber una respuesta más ágil, eficaz y con seguridad jurídica, para recuperar los proyectos de vida lo antes posible, planteó Raquel Díaz, del PP.
«Todos sabemos que volveremos a asistir a erupciones volcánicas», apuntó Luis Campos, de Nueva Canarias, pero gracias al impulso de la ciudadanía y al apoyo unánime del Parlamento la reacción frente a los efectos en la vivienda, el territorio, la economía, la biodiversidad, los servicios públicos o la cultura será más ágil y más eficaz.
El diputado de Vox Javier Nieto coincidió en que esta ley corrige los errores que se han podido cometer en la respuesta a un acontecimiento tan singular como una erupción volcánica, si bien matizó que la norma puede quedarse en el «buenismo» si no se ve respaldada por las correspondientes partidas presupuestarias para emergencias.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, recordó que esta norma nace del impacto emocional, social y económico que sufrió la ciudadanía de La Palma, cuyo ejemplo servirá para que en futuras erupciones en cualquiera de las islas haya una respuesta rápida garantizada por la coordinación institucional y la cohesión social. EFE
