El Consejo Canario de los Mayores celebró un Pleno donde se dio cuenta de los trámites realizados para el cambio normativo
La propuesta liderada por la Dirección General de Mayores y Participación Activa establecerá un marco jurídico integral que da garantía a la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa del colectivo
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha iniciado los trámites para elaborar el proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones con el objetivo de establecer un marco jurídico integral que garantice los derechos fundamentales, la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa, la inclusión plena y la protección integral de las personas mayores en el Archipiélago.
Así lo expusieron hoy (jueves 11) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, durante la celebración del pleno del Consejo Canario de los Mayores. Delgado indicó que con la reforma “se trata de adaptar la ley a las demandas actuales de las personas mayores y tener en cuenta no sólo los cambios normativos operados en los últimos años sino también la experiencia y buenas prácticas obtenidas desde la entrada de vigor de la ley en Canarias, en otras comunidades autónomas y en otras partes de Europa. El anterior texto es de 1996 y se hace necesaria esta reforma para adaptarla a las demandas y requerimientos de las personas mayores de Canarias».
Verónica Meseguer indicó que “se realizará una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas en este ámbito” y recordó que esta acción se encuentra dentro del plan Maresía, que establece cinco pilares para promover el envejecimiento activo, mejorar las infraestructuras, impulsar la innovación, la protección de los derechos y la cooperación con el tercer sector. “El segundo pilar de Maresía está dedicado a los Derechos, cuidados y protección de las personas mayores y tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas mayores, reforzar su protección jurídica y promover una atención integral centrada en los derechos, la dignidad y la protección de las personas mayores”.
Reforma legislativa para adaptarla a los nuevos tiempos
La iniciativa incorpora los principios generales básicos de legalidad, de igualdad sustantiva y no discriminación por edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o cultural, condición socioeconómica o territorial, la accesibilidad universal, la equidad interterritorial e insular, la participación activa y deliberativa, la solidaridad intergeneracional, la cohesión social y el enfoque de derechos como principios generales básicos.
La propuesta contempla reconocer y garantizar el ejercicio efectivo y justiciable de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores; establecer las bases para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas coherentes, inclusivas, accesibles y sostenibles, orientadas al bienestar, la protección y la participación de las personas mayores; consolidar un modelo de atención centrado en la persona, que promueva la autonomía, el envejecimiento activo en el entorno habitual elegido y los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica; fomentar la corresponsabilidad institucional, comunitaria y social en la atención y acompañamiento, así como el reconocimiento recíproco y la solidaridad entre generaciones como eje vertebrador de la cohesión social e incorporar de forma transversal la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el reconocimiento de la diversidad personal, cultural, funcional, territorial y socioeconómica en todas las actuaciones públicas dirigidas a las personas mayores.
Además, se busca garantizar condiciones de accesibilidad universal, equidad territorial, calidad, seguridad y calidez en la provisión de servicios, centros y recursos, públicos o concertados, destinados a la atención, cuidado o inclusión social de las personas mayores; prevenir, detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación por edad, violencia institucional, soledad no deseada, exclusión social, abuso económico o patrimonial, mediante medidas jurídicas, sociales y comunitarias específicas y regular un sistema público de evaluación, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas, servicios, recursos y resultados dirigidos a las personas mayores, con participación efectiva de estas y de sus organizaciones representativas.
Presentación del plan Maresía
Durante el Pleno del Consejo Canario de los Mayores, Delgado y Meseguer dieron a conocer el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias.
Maresía se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional. La puesta en marcha de este plan forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones.
Consejo Canario de los Mayores
El Consejo Canario de los Mayores es un órgano colegiado con representación de las distintas Administraciones Públicas, asociaciones y federaciones de personas mayores existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, de carácter consultivo y de información permanente, adscrito a la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en el marco del Consejo General de Servicios Sociales.
El Consejo Canario de los Mayores tiene por objeto materializar la colaboración y participación del movimiento asociativo de las personas mayores en las políticas de atención, inserción social y calidad de vida dirigidas a este sector de la población y orientadas a la consecución de los objetivos previstos en esta Ley, en el marco de las competencias propias de la Comunidad Autónoma Canaria.
