Derecho al Techo denuncia las condiciones de infravivienda de las personas desahuciadas en la calle Tomás Alba Edison y la imposibilidad de alquilar una vivienda digna y accesible.
Esta organización ha señalado públicamente la extrema precariedad en la que viven las personas recientemente desahuciadas en esa ubicación de Las Palmas de Gran Canaria. Tras recibir la noticia, a escasas horas de que se llevara a cabo el desahucio, denunciamos la situación y brindamos apoyo a las dos personas que no contaban con una alternativa de realojo adecuada.
Es importante recordar que estas personas pagaban alquileres que oscilaban entre 250 y 400 euros mensuales, y ninguna de ellas fue notificada previamente del proceso de desahucio.
Según ha podido conocer Derecho al Techo, el propietario de la vivienda había iniciado un procedimiento judicial para recuperar la propiedad del actual inquilino, quien pagaba aproximadamente 800 euros y, de manera irregular, subarrendaba la vivienda a terceros. Este subarrendamiento masivo, además de ser ilegal, resalta el grado de desesperación al que están siendo empujadas muchas personas en la ciudad, que se ven forzadas a aceptar condiciones abusivas ante la falta de alternativas habitacionales reales.
De las 12 personas desalojadas, nueve fueron reubicadas por el mismo arrendatario que las había mantenido previamente en situaciones de infravivienda, un hecho que consideramos inaceptable. «No se puede permitir que quien explota la necesidad de otros siga teniendo el control sobre su acceso a una vivienda».
Derecho al Techo exige una revisión urgente de los recursos habitacionales que se están ofreciendo en Las Palmas de Gran Canaria. Lo ocurrido en la calle Tomás Alba Edison no es un caso aislado, sino un claro reflejo del fracaso de las políticas de vivienda, que no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de la población más vulnerable.
El Gobierno de Canarias no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas son condenadas a la infravivienda o a la calle. Las soluciones paliativas no son suficientes: se requieren medidas estructurales, un parque público de vivienda real y una política que priorice la vida y la dignidad de las personas por encima del negocio inmobiliario.
Derecho al Techo hace un llamado a la ciudadanía, a los colectivos sociales y a las fuerzas políticas comprometidas con el derecho a una vivienda digna para no tolerar ni un desahucio más sin alternativa habitacional. Asimismo, exigimos que se garantice el derecho a un techo como un derecho humano básico, tal como lo estipulan la Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito el Estado español.
