El Pleno aprueba un convenio de colaboración institucional que permitirá al Consistorio agilizar gestiones y reducir la burocracia en beneficio de la ciudadanía.
Las Palmas de Gran Canaria. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado, en su sesión ordinaria de septiembre, un convenio de cooperación con la Agencia Tributaria Canaria que permitirá al Consistorio acceder a información tributaria con fines no tributarios, siempre con la autorización previa de las personas interesadas.
Como ha explicado el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, “este convenio supone un mecanismo beneficioso para la ciudadanía, ya que alivia cargas administrativas mediante un procedimiento telemático. Tiene una especial relevancia porque tanto la normativa de contratos del sector público como la de subvenciones exige acreditar que se está al corriente en las obligaciones tributarias, algo que ahora podrá verificarse de forma directa”.
El edil ha añadido que “se trata de un paso muy positivo en el proceso de modernización de la administración municipal. Debemos seguir implantando la administración electrónica y extender esta fase expansiva a todos los rincones del Ayuntamiento para que los procedimientos sean más ágiles, con menos cargas y más eficaces”.
En este sentido, el convenio establece un marco de colaboración que facilitará a la ciudadanía los trámites administrativos municipales. En concreto, permitirá que el propio Ayuntamiento pueda verificar de manera telemática si una persona se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias, evitando así que tenga que aportar certificados en papel.
La medida responde al principio de simplificación administrativa y busca reducir cargas burocráticas a la ciudadanía, haciendo más ágiles los procedimientos vinculados a subvenciones, licencias u otros trámites en los que se exige este requisito.
El convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos y establece mecanismos de control y seguridad en el uso de la información, así como la creación de una comisión mixta de seguimiento entre ambas administraciones.
