Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, el consejero Narvay Quintero repasó las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario para afrontar la escasez de agua
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha destacado hoy durante su intervención en sesión plenaria del Parlamento el pago de dos ayudas directas por importe total 7,9 millones de euros durante 2025, financiadas con fondos propios y dirigidas a personas titulares de explotaciones de cultivos estratégicos como la papa, el viñedo, la batata, el olivar, los forrajeros y los frutales templados, entre las acciones impulsadas por el Ejecutivo regional para compensar los efectos de la sequía en el sector agrícola de las islas.
Esta línea de apoyo fue establecida como medida excepcional para compensar los efectos sufridos por los productores y productoras debido la escasez de agua durante la campaña 2023 y, en su primera convocatoria, supuso el abono de 3.872.506,14 euros a más de 1.500 personas beneficiarias. En el contexto de una merma continuada de recursos hídricos, el Gobierno mantuvo este respaldo mediante una nueva Resolución en la que se han concedido 4.037.244,70 euros a 3.160 agricultores y agricultoras para compensar las pérdidas derivadas de la sequía a lo largo de 2024.
A este respecto, el responsable del departamento subrayó que “en esta situación de estrés hídrico el respaldo a nuestros agricultores y agricultoras es prioritario para este Gobierno, por lo que además de las cuantías correspondientes a la campaña 2023 abonadas a partir de diciembre de 2024, hace apenas dos semanas publicamos la resolución sobre las ayudas de 2024 cuyo abono se realizará en las próximas semanas”.
“Por medio de esta línea de apoyo tratamos de disminuir el impacto socioeconómico de la sequía en la actividad agrícola mediante un soporte directo mientras desarrollamos otras medidas con un impacto a largo plazo, que abarcan desde la generación de recursos hídricos por medio de desaladoras hasta la optimización del consumo a través de inversiones en nuevas redes e infraestructuras de riego”, añadió.
En este sentido Quintero señaló la inversión de 13,4 millones de euros procedentes de remanentes del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y de recursos propios del Gobierno canario para la compra de diez desaladoras que, gracias a una capacidad total de producción de 22.600 metros cúbicos al día, aportarán 8,24 millones de metros cúbicos adicionales al año para combatir la sequía en el sector agrícola.
Estas desaladoras de ósmosis inversa y consumo eficiente, desarrolladas por el ITC en el marco del proyecto “DESALRO 2.0”, serán gestionadas por los Consejos Insulares de Aguas, que ya han anunciado su ubicación en Tazacorte (La Palma), Hermigua (La Gomera), Gran Tarajal (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote). Por su parte, Tenerife contará con dos, una en Granadilla y otra en la Isla Baja; mientras que las dos de Gran Canaria se ubicarán en La Aldea y entre los municipios de Arucas y Moya. A estas se suman otras dos infraestructuras en El Hierro que han sido sufragadas a través de una subvención al Cabildo herreño.
En cuanto a las obras de regadío, en el presente ejercicio el Gobierno canario prevé una inversión de 20 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras y mejora de las existentes, en el marco de la colaboración con los distintos Cabildos y el Ministerio.
Además, según indicó el responsable del departamento, el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027 se incluye, asimismo, una línea de apoyo para impulsar la inversión privada en infraestructuras de regadío con objetivos ambientales, con una ficha financiera de 8.750.000 euros para todo el periodo de programación, a razón de 1.750.000 euros anuales, cuya resolución provisional fue publicada esta semana.
Asimismo, las subvenciones del PEPAC a la modernización de explotaciones agrícolas también contemplan, entre otras actuaciones, las inversiones de riego eficiente que redunden en una mejora de los resultados económicos de las explotaciones agrícolas o la reestructuración de las mismas en términos de tamaño u orientación productiva, para lo que cada persona beneficiaria puede percibir un máximo de 250.000 euros.
