La norma actual sigue empleando expresiones como “personas mayores incapacitadas”, “tutela legal general” o “centros de válidos”
La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, ha iniciado el proceso de reforma de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones, una norma que, aunque fue pionera en su momento, ha quedado desfasada tras casi tres décadas en vigor.
La actual norma sigue empleando expresiones como “personas mayores incapacitadas”, “tutela legal general” o “centros de válidos”, términos que ya no responden a los marcos normativos ni al enfoque de derechos vigente. Además, fija los 60 años como único criterio para definir a las personas mayores, sin tener en cuenta la diversidad del envejecimiento.
La reforma propuesta busca actualizar el contenido, el lenguaje y la estructura de la ley, incorporando una visión más cercana a la realidad actual y a las exigencias legales nacionales e internacionales. Entre los cambios más destacados se incluyen:
El reconocimiento explícito de derechos como la autonomía, la capacidad jurídica con apoyos, el derecho a vivir en el entorno habitual, a participar activamente, a la salud integral, al acceso digital y a la protección frente a la soledad no deseada.
La incorporación de principios rectores como la accesibilidad universal, la no discriminación por edad o género, la solidaridad intergeneracional, la transparencia y la cohesión territorial.
La creación de nuevos consejos insulares y municipales con representación real y capacidad de propuesta.
La modernización del Consejo Canario de las Personas Mayores.
La implementación de un sistema de seguimiento, evaluación e inspección pública, con indicadores, un observatorio autonómico y un régimen sancionador para proteger derechos.
La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, ha subrayado que “esta reforma no borra lo anterior: lo respeta y lo mejora”. “Queremos que Canarias tenga una ley moderna, con enfoque de derechos, que esté a la altura de las personas mayores de nuestras islas”.
Asimismo, ha insistido en que la construcción de esta nueva ley se está realizando desde la participación directa. “Estamos recorriendo los centros de mayores de toda Canarias, presentando el borrador y escuchando a mayores, profesionales y equipos técnicos. Porque esta ley no se hace desde un despacho, se construye desde la realidad, con quienes viven el sistema cada día.”
Verónica Meseguer ha añadido que “el objetivo es claro, proteger, reconocer y dar herramientas reales a nuestras personas mayores para que sigan decidiendo sobre sus vidas y participando plenamente en la sociedad. Queremos una ley útil, justa y transformadora. Una ley que diga claramente que envejecer en Canarias es hacerlo con derechos, dignidad y participación”.
La nueva normativa se alinea con la Ley estatal 8/2021 y con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando enfoques asistencialistas o tutelares y apostando por una visión centrada en el respeto, la autodeterminación y la inclusión.
