La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que llevará al próximo Pleno de junio una moción para exigir la paralización de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondiente al ámbito denominado “Nueva Ciudad Alta”. Esta propuesta urbanística, impulsada por el grupo de gobierno encabezado por Carolina Darias, contempla la expropiación de al menos 127 edificaciones en el barrio de Las Torres, lo que afectaría a más de un millar de vecinos.
Delgado ha denunciado la absoluta “falta de transparencia” con la que se ha tramitado este procedimiento y la “ausencia total de diálogo” con los vecinos, quienes se han enterado de los planes municipales a través de la oposición y de las inmobiliarias interesadas en adquirir sus viviendas. La modificación, que abarca unas 256 hectáreas desde Los Tarahales hasta el Hospital Doctor Negrín y desde Las Torres hasta colindar con Barrio Atlántico, incluye incrementos de edificabilidad de hasta veinte plantas en determinadas zonas, cambios de uso en suelos educativos y religiosos, y la transformación de numerosas manzanas residenciales en espacios libres, lo que en la práctica supondría la desaparición de casas terreras y la expulsión de las familias que las habitan.
Delgado recordó que ya en el Pleno del mes de enero el PP votó en contra del inicio del procedimiento tras identificar inicialmente 80 edificaciones afectadas; sin embargo, después de un análisis más profundo y de acuerdo con los cálculos proporcionados por los propios vecinos, el número de inmuebles condenados a la desaparición supera los 120. “La mayoría de estas viviendas están bien conservadas y forman parte del tejido social consolidado de Las Torres, por lo que estamos hablando de casas que son el hogar de familias trabajadoras, levantadas con el esfuerzo de décadas, y que ahora se ven amenazadas por una planificación impuesta y sin consenso”, afirmó la portavoz.
Desde que comenzó el periodo de información pública, los vecinos han expresado su rechazo mediante concentraciones y alegaciones, siendo la última ayer mismo a las puertas del Ayuntamiento, organizándose para defender sus derechos ante una administración que, lejos de facilitar la información, ha generado inquietud e incertidumbre. “Muchos se han visto obligados a recurrir a asesoramiento jurídico y técnico costeado por ellos mismos, ante la falta de explicaciones claras y la negativa del grupo de gobierno a establecer un canal de diálogo real”, lamentó la portavoz del PP en la capital grancanaria.
Los populares también han advertido sobre el impacto que puede generar el incremento de altura de los edificios previstos en la alternativa recomendada, que en algunos casos pasarían de cuatro a veinte plantas, con los consiguientes problemas de integración urbana, pérdida de identidad del barrio y presión sobre unas infraestructuras básicas que ya son deficientes. “A esto se suma la sustitución de suelos culturales, educativos y religiosos por otros usos, y la eliminación de espacios de aparcamiento en zonas ya saturadas”, agregó Delgado-Taramona.
Asimismo, denunciaron que, mientras en otras áreas, como los riscos históricos, se permitió un proceso participativo previo al inicio de la modificación urbanística, en el caso de Ciudad Alta se pretende aplazar ese diálogo hasta después de la evaluación ambiental estratégica. “Eso genera desconfianza y demuestra que no hay una voluntad real de escuchar ni de corregir. No es creíble que, mientras se define en documentos oficiales esta alternativa como la propuesta elegida, se siga hablando de participación futura. Los vecinos no necesitan más ambigüedades, necesitan certezas”, sostuvo.
En este sentido, la portavoz popular exigió a la alcaldesa de la capital grancanaria que se comprometa de forma clara a eliminar las expropiaciones previstas en Las Torres, que paralice de inmediato la tramitación del PGOU en este ámbito y que abra un proceso participativo real, sincero y transparente con los afectados. “Están a tiempo de rectificar. Si quieren recuperar la confianza de los vecinos y demostrar que se gobierna con sensibilidad y sentido común, lo primero que deben hacer es frenar este disparate urbanístico. No se puede hablar de regeneración urbana eliminando la vida de los barrios y expulsando a quienes los han levantado con su esfuerzo”, concluyó Delgado.
