El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria registrará este martes la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico para abordar la situación de «emergencia sanitaria» derivada de los problemas de salud pública a causa del estado de limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad, así como las responsabilidades políticas asociadas a esta gestión.
La iniciativa se fundamenta en el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el Reglamento del Pleno municipal, que obligan a convocar una sesión extraordinaria cuando lo solicita, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Corporación. Los concejales firmantes consideran «imprescindible» que el gobierno municipal brinde explicaciones públicas tras la aprobación de los dos nuevos contratos de emergencia en materia de limpieza viaria y recogida de residuos, que reconocen oficialmente una situación de grave riesgo para la salud pública en una ciudad de 380,000 habitantes.
La portavoz popular, Jimena Delgado, subraya que la situación actual «no es una catástrofe sobrevenida, sino el resultado de años de falta de planificación, de retrasos injustificables en la tramitación de los contratos ordinarios y de una negativa sistemática a reconocer el deterioro del servicio». «Llevamos más de un año advirtiendo sobre el estado de suciedad en la ciudad, con contenedores sin vaciar durante días, plagas de ratas y cucarachas, y la pérdida de casi la mitad de la plantilla de limpieza respecto a 2017. La respuesta del gobierno ha sido mirar hacia otro lado, hasta que sus propios informes han tenido que admitir la existencia de un grave riesgo sanitario», denuncia la portavoz popular.
«Nuestra prioridad es que la ciudad esté limpia, pero deben darse garantías de que los procedimientos utilizados sean los adecuados, porque no todo vale cuando se trata de recursos públicos», advierte la edil del PP. En el escrito, recuerdan que en 2020, con motivo de la pandemia, el Ayuntamiento formalizó un contrato de emergencia para la recogida de residuos que debía estar vinculado al estado de alarma, pero que se ha prolongado en el tiempo «como si fuera una solución estructural y no coyuntural». A este contrato se suman ahora dos nuevos contratos de emergencia aprobados por la Junta de Gobierno, por casi tres millones de euros al mes, «sin que se haya explicado por qué no se han tramitado a tiempo los contratos ordinarios, ni cómo se justifica el encadenamiento de emergencias sobre emergencias».
«Queremos saber desde cuándo se considera que existe una situación de emergencia sanitaria, qué informes de salud pública se han emitido, qué indicadores objetivos se han utilizado para concluir que la salud de las personas estaba en riesgo y por qué, a pesar de esta situación, el gobierno municipal seguía negando la evidencia mientras la suciedad se acumulaba en nuestros barrios», afirma Delgado. «La contratación de emergencia es una figura excepcional, no un comodín para tapar la falta de gestión», añade.
El orden del día propuesto incluye, en primer lugar, la comparecencia del concejal delegado del Área de Limpieza, Héctor Alemán, para que detalle la situación del servicio en el momento de declararse la emergencia, tanto en términos de personal como de maquinaria destinados a la limpieza de la ciudad, desglosados entre gestión directa e indirecta; así como las responsabilidades concretas de la parte pública y privada en cada sector, los contratos en vigor en esa fecha y el grado de cumplimiento de sus prestaciones.
En segundo lugar, se solicita la comparecencia de la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Vargas, para que explique los informes emitidos sobre el grave riesgo para la salud pública que han motivado la suscripción de los contratos de emergencia: fechas de emisión, órganos que los elaboraron, barrios y puntos más afectados, indicadores utilizados, así como las medidas preventivas o de mitigación adoptadas mientras se tramitaban y ponían en marcha los nuevos contratos.
La tercera comparecencia solicitada es la del concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, José Miguel Hernández Spínola, con el fin de que «dé cuenta de la situación real de todos los contratos vinculados al área de limpieza», en especial los de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el estado de la liquidación del servicio a 30 de septiembre, las previsiones de licitación y adjudicación de los contratos ordinarios, y las razones que han llevado al encadenamiento de contratos de emergencia.
Además, el Grupo Municipal Popular somete al Pleno una moción para estudiar la creación de un equipo municipal específico de control y seguimiento de los contratos de limpieza, integrado por funcionarios y técnicos municipales. Este equipo tendría como misión supervisar el cumplimiento de los contratos de emergencia y la correcta prestación del servicio, evaluar de forma continuada los indicadores de limpieza y salubridad, y remitir informes periódicos al Pleno. «Si se van a destinar varios millones de euros al mes a contratos de emergencia dados a dedo, la ciudad tiene derecho a saber qué se hace con cada euro y qué resultados se obtienen en la calle», enfatiza Delgado.
Finalmente, la solicitud de Pleno extraordinario incluye una propuesta de reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias, por su responsabilidad política en la degradación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, así como en la situación de emergencia sanitaria declarada en la ciudad. El PP reprocha a la regidora «no haber sido capaz de adjudicar a tiempo los principales contratos de limpieza, permitir la reducción progresiva de la plantilla, normalizar el recurso a fórmulas excepcionales de contratación y negar una realidad que ha terminado por poner en riesgo la salud de los ciudadanos».
«La declaración de una emergencia sanitaria por suciedad en una capital como Las Palmas de Gran Canaria es un hecho de extraordinaria gravedad que exige explicaciones y responsabilidades al más alto nivel», concluye Jimena Delgado. «Este Pleno extraordinario debe servir para que el gobierno deje de esconderse, dé la cara en el máximo órgano de representación de los residentes en la capital, aclare todas las dudas sobre los contratos de emergencia y se comprometa a un calendario real de licitación de los contratos ordinarios que devuelva la normalidad a la limpieza y la confianza a la ciudadanía».
