Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La diputada del Común, Lola Padrón, ha pedido en el Parlamento un cambio estructural en la política de la Comunidad Autónoma sobre discapacidad, a la vista de que «se agrava año a año», como refleja un informe específico que han agradecido y aplaudido todos los grupos parlamentarios y al que ni los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias han puesto peros.
Conculcación de derechos, incumplimiento de plazos, falta de colaboración, silencio ante los ciudadanos, opacidad frente a la Diputación del Común, estructura caduca, falta de respeto a los administrados o exclusión del tercer sector definen la política del Gobierno de Canarias ante las personas discapacitadas, un «colapso» que para empezar no se reconoce, ha advertido este lunes Lola Padrón en la comisión de discapacidad del Parlamento regional.
La defensora del pueblo canaria ha instado a la administración autonómica a que comience por admitir que hay un colapso y le ha pedido que no tenga «miedo» a las cifras que oculta, que exponga los datos, «aunque la realidad nos asuste», y que respete el enfado de las personas con discapacidad y del tercer sector.
Es la única manera de empezar a transformar un sistema con demoras de cinco años en la resolución del reconocimiento de la discapacidad, cuando el plazo legal es de seis meses.
«Cinco años coartando derechos son demasiados», ha denunciado Padrón, y ha recordado que hay comunidades donde no existe la lista de espera.
Según el diagnóstico que ha expuesto Lola Padrón, que ha precisado que no es ella la que se queja, sino la ciudadanía, la Dirección General de Discapacidad del Parlamento de Canarias adolece de falta de transparencia y de colaboración ante las demandas de la población.
La discapacidad concentra el mayor número de quejas entre las que se presentan en la Diputación del Común, que en esta área recibió 603 en 2024, un 94% más que en 2023.
Solo en los primeros seis meses de 2025 se han recibido 400 más, de las que únicamente 30 ha respondido la administración, de manera que ya acumula más de 1.500 sin contestación, ha informado.
La mayor parte de las quejas se refieren a la demora de años en el reconocimiento de la discapacidad o de la actualización del grado, imprescindible para ejercer el derecho de acceso a las políticas de apoyo social.
La lista de espera sigue aumentando y la demora afecta más a las islas no capitalinas, porque la Dirección General carece de equipos de valoración itinerantes, unos equipos que además tienen una estructura obsoleta en la que no hay fisioterapeutas, logopedas, educadores sociales ni otros profesionales.
La Consejería no ofrece información sobre sus expedientes a los solicitantes del reconocimiento o revisión de su grado de discapacidad, quienes llaman al 012 para recibir «un silencio administrativo» que es «una falta de respeto» y que genera «ansiedad y desconcierto», porque necesitan esa valoración para ejercer sus derechos.
Lola Padrón ha recordado que el número de personas con discapacidad representa el 10% de la población, es decir, más de 200.000 personas en Canarias, sin contar a sus familias y a las personas cuidadoras.
Para la diputada del Común, los equipos de valoración abordan su trabajo desde un enfoque demasiado técnico y administrativo, orientado a «sacar expedientes» en lugar de garantizar el desarrollo de políticas adecuadas para las personas.
Si no se hace la valoración a tiempo queda embargado «el futuro de familias y personas», sobre todo en el caso de los niños, pero de todos los afectados en general. Las familias más afectadas son las que no tienen recursos para acceder a servicios privados.
«Familias con niños con discapacidad, personas que han sufrido un ictus, personas que tienen una adicción o un trastorno del espectro autista, todas están afectadas por un retraso en la valoración que les dificulta desarrollar un proyecto de vida adecuado a la plena inclusión», ha afirmado.
Además hay un sesgo de género: las quejas las presentan mayoritariamente mujeres, sobre todo madres, y de cada diez cuidadores, ocho son mujeres.
Ha incidido en la falta de colaboración con la Diputación del Común por parte de la Dirección General de Dependencia, que no facilita los datos sobre listas de espera: «es, literalmente, un agujero negro».
Los equipos de valoración deben reforzarse, pero también modernizar su estructura, que aún no está adaptada al nuevo modelo establecido en el Real Decreto de 2022, en el que se incorporan nuevos perfiles profesionales para avanzar hacia el modelo biosocial y no quedarse en un modelo médico.
«Necesitamos cambios estructurales reales, pero los resultados no se pueden medir porque no tenemos los datos sobre la mesa. Sin datos, no se puede actuar», ha dicho Lola Padrón.
Ha insistido en que hay que reconocer el «colapso» sin miedo y poner los datos sobre la mesa para hacer un análisis serio de la situación y trabajar en soluciones.
Para Lola Padrón, es imprescindible una visión interseccional que implique a la educación, la sanidad y los servicios sociales. La valoración es la columna vertebral de todas las políticas de discapacidad, no un dato técnico sin relevancia.
También es necesario contar con el tercer sector en la toma de decisiones y garantizar a las entidades financiación estable, ha dicho Lola Padrón, y ha sugerido la creación de un Consejo de Participación del Tercer Sector.
Todos los grupos parlamentarios respaldaron el informe, incluidos los que apoyan al Gobierno de Canarias.
El portavoz de CC, Francisco Linares, definió el informe como «el de la vergüenza», dijo que la forma de atención debe cambiar de manera urgente y reconoció que «estamos quitando esperanza de vida a mucha gente» y vulnerando la Constitución.
Anunció además que se encargará personalmente de averiguar por qué la Dirección General de Discapacidad no facilita los datos, lo cual es «un deber moral».
La representante de Nueva Canarias, Carmen Hernández, afirmó que si las familias afectadas fueran por la vía judicial, las administraciones tendrían que hacer frente a responsabilidades patrimoniales por la vulneración de derechos. EFE
