Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha advertido este martes de que el plazo de quince días fijado para trasladar al resto de España a los menores inmigrantes que van llegando a las islas es «un error», porque en ese margen no suele dar tiempo a hacer la prueba de edad.
De los seis primeros expedientes de traslados de menores tramitados en Canarias desde que se reconoció formalmente la contingencia migratoria en las islas, tres se han suspendido a última hora tras comprobar que los candidatos tenían más de 18 años.
La máxima responsable del Ministerio Público en las islas se ha referido a este asunto al presentar su memoria anual en el Parlamento autonómico, donde ha subrayado ante los periodistas que «en quince días es muy difícil» determinar la edad de los menores que llegan a los territorios en situación de contingencia migratoria.
Martínez ha reconocido que el reglamento que regula ese procedimiento de traslados exprés para descongestionar los recursos de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla admite que las pruebas de edad se hagan en la comunidad de destino, si no se pueden completar antes, pero también ha advertido de que, con ello, «se corre el riesgo de que vayan mayores».
Y ello, porque la legislación española y los convenios internacionales priman el interés superior del menor, lo que obliga a presumir la minoría de edad del muchacho con el que se está tratando mientras subsista la duda de si ha cumplido ya o no los 18 años.
La fiscal superior de Canarias ha recalcado que la Fiscalía «hace mucho tiempo que manifestó que el plazo de quince días era un error» y que «lo ideal habría sido que de aquí se derivaran las personas que tuvieran un decreto de mayoría o minoría de edad, con independencia de que luego, si aportan documentación, esta pueda ser modificada».
Ha explicado que el proceso de determinación de edad «tiene varias fases», pues primero los ven efectivos de las fuerzas de seguridad y luego Fiscalía y, en el caso de que haya «dudas», se les remite a pruebas óseas (una radiografía del carpo y de la mandíbula) y al dictamen de ve un médico forense.
Es entonces cuando se determina «una horquilla de edad» que puede oscilar entre los 15, 16 y 18 años, y según el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el extremo de la horquilla que siempre se debe tener en cuenta es el inferior.
«Sucede que esto en quince días no está hecho», ha insistido la fiscal superior de Canarias, que ha puesto como ejemplo el de un menor que llega en cayuco a El Hierro, luego es derivado a Tenerife, donde es acogido en un centro, desde donde se le envía a un centro médico y de ahí a un hospital… «Y ya se nos ha pasado (el plazo)», ha resumido.
A todo esto se suma que los chicos suelen venir indocumentados y «muchas veces ni ellos mismos saben» si son mayores de edad o menores, y si lo saben, «en ocasiones piensan que si dicen que son menores les será más fácil» o, al contrario.
«No hay que olvidar que son personas que vienen en situaciones muy penosas, de países donde están muy mal y vienen a buscarse la vida», ha afirmado la fiscal superior de Canarias, que ha eludido pronunciarse sobre la propuesta del PP de expulsar inmediatamente a quienes mientan en este sentido.
«Mientras esto no esté regulado legalmente, esto no puede ser», ha zanjado. EFE
