Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros y ordene repetir juicio con otros magistrados.
En abril de 2024, la Audiencia de Las Palmas falló que los manejos que había realizado en esa causa el juez Salvador Alba para intentar perjudicar a la también juez Victoria Rosell habían contaminado hasta tal punto la instrucción, que estaba debía ser declarada nula.
Expulsado de la carrera judicial por haber cometido prevaricación, falsedad y cohecho, Alba cumple seis años de cárcel por manipular la causa que se seguía contra Miguel Ángel Ramírez por la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria para intentar desacreditar a Rosell, entonces diputada de Podemos, quien llegó a ser procesada por ello por el Tribunal Supremo (y más tarde exonerada).
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo estimaron probado que, el mismo día que se hizo cargo del caso que había iniciado Rosell, Alba citó a su despacho a Ramírez a escondidas y sin abogado y le ofreció una serie de ventajas procesales a condición de que el día que lo llamara formalmente a declarar manifestara una serie de circunstancias que buscaban poner en cuestión el desempeño como juez de la entonces diputada.
Para la Audiencia de Las Palmas, ese comportamiento «espurio» del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez, con una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.
La Fiscalía, que pedía 21 años de cárcel para Ramírez en ese juicio, trata ahora de rebatir ante el Supremo ese razonamiento, que considera absurdo.
«Supone un absurdo la afirmación en la sentencia de que la actuación ilícita del magistrado condenado, Salvador Alba Mesa, está relacionada con la resolución de fecha 3/11/2015, al acordar la declaración de los investigados y practicar las mismas. Antes al contrario, las citaciones ni las declaraciones no fueron ilegítimas ni contrarias a derecho, carece de lógica que hayan sido declarados nulos dichos actos», alega el fiscal Felipe Briones.
En un recurso adelantado por El Español y La Provincia, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, el Ministerio Público pide al Tribunal Supremo que revoque esa sentencia absolutoria, que dé por buena la instrucción y que ordene a la Audiencia de Las Palmas que vuelva a juzgar el caso contra el empresario grancanario.
Eso sí, por una «elemental garantía de imparcialidad objetiva», la Fiscalía pide que sean otros tres magistrados los que juzguen de nuevo el caso. EFE
