Desde la Sección Sindical del STAP-Canarias en el Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, queremos denunciar la persistencia del malestar laboral promovido por el actual grupo de gobierno, encabezado por el edil de CC, don Juan Ramos Reyes. Este grupo cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno, AUP-Sí Se Puede y el Partido Popular, y está respaldado por las polémicas técnicas municipales que operan en constante confrontación con los empleados municipales. Esta situación se percibe como una burla continua y una falta de respeto hacia los delegados sindicales, quienes son sistemáticamente ignorados en las mesas de negociación. En lugar de discutir temas de interés para los trabajadores municipales y mejorar sus condiciones, se intenta degradarlos, empobreciéndolos y manteniéndolos en condiciones indignas, mientras el grupo de gobierno asegura sus mejoras económicas y privilegios, convirtiendo el Ayuntamiento en su feudo privado.
Un ejemplo claro de esta situación es la controversia en la aprobación de las bases y la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de policía a través del procedimiento de movilidad por concurso de traslado. Este proceso, lejos de ser una negociación imparcial que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ha devenido en una imposición que favorece a un candidato predilecto del grupo de gobierno, promoviendo así el enchufismo. Como respuesta a las demandas sindicales debido a la falta de policías, la Corporación inició este proceso, anunciándolo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 25 de noviembre de 2024.
Ante la falta de transparencia del grupo de gobierno, se presentó una reclamación sindical indicando que la plaza de policía debería regirse por una modalidad legal, ya que las bases contenían errores relacionados con condiciones derogadas y una valoración de méritos escueta y limitada. Esto no favorece el acceso en igualdad de condiciones, mérito y capacidad, lo que podría implicar un trato injusto para favorecer a un candidato predilecto. Las reclamaciones sindicales fueron ignoradas y la administración no corrigió ningún error, a pesar de que, durante la única Mesa de Negociación Conjunta celebrada para la presentación de las bases el 30 de octubre de 2024, se acordó revisarlas y corregirlas antes de su publicación. Sin embargo, estas fueron publicadas sin modificaciones, lo que llevó a los sindicatos STAP-Canarias e Intersindical Canaria a presentar un recurso administrativo.
A pesar de esto, se abrió el periodo de presentación de instancias, lo que permitió la presentación de solo dos candidatos. Sorprendentemente, el 5 de marzo de 2025, sin consultar a las organizaciones sindicales ni brindar información administrativa, se vuelve a publicar una convocatoria idéntica, sin anular la anterior, pero con algunas actualizaciones normativas sin impacto en el contenido. Los sindicatos presentaron nuevamente un recurso administrativo, ya que esta repetición parecía ser una maniobra para permitir a un candidato favorito del grupo de gobierno presentar la documentación requerida, algo que no había logrado hacer en la primera convocatoria.
Como respuesta al recurso presentado, las secciones sindicales recibieron una notificación por Decreto de Alcaldía, desestimando íntegramente lo solicitado. Según los argumentos de la Secretaría Municipal, las bases y su convocatoria ya habían sido objeto de negociación el 30 de octubre de 2024. Sin embargo, esto ignora información relevante ya mencionada, en un intento de tergiversar y justificar acciones que no se llevaron a cabo.
Esta situación de publicar la misma convocatoria en iguales condiciones, sin anular la anterior, parece ser una estrategia para dar tiempo a un agente aspirante favorito para que presente la documentación faltante, lo que significa una injusticia para otro candidato que cumplió con los requisitos establecidos desde el principio. Además, uno de los concejales comentó que la plaza de policía ya estaba asignada al aspirante preferido y que había un acuerdo con la Academia Canaria de Seguridad para iniciar una nueva plaza de Oficial, permitiéndole realizar el curso de formación para nuevos Oficiales en octubre, lo cual coincide con la publicación de los presupuestos para 2025 que incluyen la creación de una nueva plaza de Oficial de Policía Local. Dado que la plantilla cuenta con solo cuatro agentes, esta duplicación de oficiales parece incongruente y podría contravenir la legislación vigente sobre el ratio de policías y mandos.
Consideramos que la corporación busca imponer personas afines para implantar conveniencias políticas y acallar a los agentes que reivindican sus derechos en el actual conflicto laboral, llegando incluso a recurrir a las ilegalidades mencionadas. Los representantes sindicales y trabajadores municipales, defensores de la legalidad y los principios básicos para la dignidad laboral y el buen funcionamiento de los servicios públicos, se ven constantemente menospreciados y privados de sus derechos de negociación y representación. Queremos que los vecinos conozcan lo que realmente sucede en su Ayuntamiento y cómo se gestionan los asuntos.
