El Pinar (El Hierro) (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que «por norma» la Abogacía del Estado presenta recurso a cualquier auto que atañe a la administración general, y que «quizá lo anormal es que se retire».
Así ha sucedido con el recurso, presentado y retirado, contra el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a que el Gobierno de España tiene que incorporar al sistema nacional de acogida a 1.080 menores migrantes solicitantes de asilo que están en Canarias, y que Torres interpreta como «una señal» de colaboración con el ejecutivo regional.
En declaraciones a los medios tras reunirse con los tres alcaldes y el presidente del Cabildo de El Hierro, Torres ha indicado que el Supremo dio cinco días de plazo para recurrir y que la Abogacía del Estado «por norma» da este paso.
Pero en este caso, ha proseguido, se produjo por medio una reunión, ayer jueves, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para articular la forma en que se hará ese traspaso al sistema nacional de acogida de este millar de menores solicitantes de asilo.
Y en vista de que dicho encuentro fue «productivo», y como quiera que «preferimos que haya acuerdos, voluntad de posiciones comunes y hacerlo desde la colaboración y la cooperación», el Gobierno optó por retirarlo.
Torres ha abundado en que los dos gobiernos, el de España y el de Canarias, tienen «claro» que el objetivo es articular «un mecanismo que nos satisfaga» a ambos, teniendo en cuenta que «hablamos de menores, de niños y niñas», algunos de los cuales están arraigados en las islas y otros están escolarizados.
Ha valorado que en este «año y pico» los ejecutivos canario y central han venido trabajando para «dar una respuesta a estos menores», un recorrido en el que «ha habido diferencias, momentos tensos», y espera el próximo jueves concluya esta «travesía complicada» con la convalidación del decreto ley que modifica la ley de extranjería.
Torres ha insistido en que puede suponer «un hito histórico», pues con el nuevo mecanismo de reparto entre las comunidades autónomas «se acaba el hacinamiento: no serán 1.000 sino 4.000» los menores que saldrían de Canarias a otros territorios del país.
Por eso, y a pesar de que está «convencido de que lo sacaremos adelante» durante la votación en el Congreso, ha reiterado su invitación al PP para que «se sume a esta respuesta de Estado».
«No es de recibo que un partido que ha gobernado este país y que cogobierna en Canarias vote que no. Les pido, tenemos días por delante, que reflexione y apoye el decreto», ha zanjado.
En cuanto el motivo de su visita a El Hierro, Ángel Víctor Torres ha garantizado que el Estado seguirá apoyando el desguace de cayucos y pateras que llegan a la isla, en lo que se han invertido 6,5 millones, y ha añadido que se trata de un crédito ampliable.
Ha dicho comprender y compartir las reivindicaciones de los vecinos de La Restinga en cuanto a que ese trabajo de desguace se realice fuera del puerto y no interfiera en la actividad pesquera y de buceo, y por ese motivo se trabaja en la búsqueda de una ubicación alternativa.
Y ha indicado que ante las dificultades jurídicas encontradas se baraja la alternativa de ir a la ocupación por urgencia de un espacio de unos 11.000 metros cuadrados, y se mantendrá «contacto directo» con sus propietarios.
En la reunión con los alcaldes y el presidente del Cabildo de El Hierro, Torres les ha informado de la predisposición del Ministerio de Turismo para que la isla forme parte de sendos planes de promoción turística, uno de agroturismo y el otro de economía circular aplicada al turismo. EFE
