El fraccionamiento de las fiestas de Carnaval alcanza la cifra de 135.000 euros a través de adjudicaciones directas firmadas por el alcalde, Alfredo Gonçalves.
El grupo político Juntos por Guía denuncia que el alcalde de Santa María de Guía ha destinado alrededor de 135.000 euros a la organización del Carnaval 2025 del municipio, recurriendo para ello a un total de 37 contratos por adjudicación directa. Esto contraviene la instrucción para la contratación menor que el propio Gonçalves aprobó, al considerar el Carnaval, de acuerdo con la norma interna, como una misma unidad funcional sin el acuerdo administrativo que autorice previamente dicha adjudicación.
Entre los contratos adjudicados, destacan los vinculados a servicios de producción, montaje musical y espectáculos de distintos artistas, con más de 66.000 euros repartidos en seis adjudicaciones. A esta cifra se suman cerca de 21.000 euros adicionales en iluminación y sonido, canalizados a través de otros cuatro contratos.
El resto del presupuesto se distribuye entre tres contratos para certificaciones técnicas, tres para planes de seguridad, tres para suministros diversos, dos para baños químicos, cuatro para el transporte de agrupaciones, tres para publicidad, dos para seguridad privada y tres más para transporte sanitario. Toda esta contratación se concentró en los días concretos de celebración del Carnaval, lo que, a juicio del grupo político, evidencia un incumplimiento intencionado de la norma de contratación interna.
Juntos por Guía subraya que el grupo de gobierno ha mantenido desde su toma de posesión el argumento de que “no hay dinero” para dar respuesta a las necesidades reales del municipio por la gestión del grupo de gobierno saliente. Sin embargo, sostienen que el uso de los fondos públicos en este caso demuestra que el problema no reside en la falta de recursos, sino en la ausencia de control, planificación y prioridades que no se alinean con las demandas de los vecinos.
El grupo mayoritario en la oposición denuncia lo que considera una forma de gobernar basada en la contratación a dedo, la falta de transparencia y el despilfarro de fondos públicos, exigiendo responsabilidades políticas. Asimismo, ha encomendado a su equipo jurídico el análisis detallado de todos los contratos adjudicados en el marco del Carnaval 2025, con el objetivo de determinar si se ha producido un incumplimiento de la norma de contratación interna que pueda dar lugar a impugnaciones o acciones legales ante los órganos competentes.