![BAJADA DE SANTIAGO EL CHICO-[CC SBT]-[12.07]-[PRENSA]-6](https://elregional.es/wp-content/uploads/2025/07/bajada-de-santiago-el-chico-cc-sbt-12-07-prensa-6-1024x683-1-75x75.jpg)
Se denuncia lo que se considera una dejación de funciones por parte del gobierno municipal y del Cabildo de Tenerife en el control de la situación de los alquileres vacacionales y el escaso aprovechamiento de los recursos que establece la Ley de Vivienda vigente.
**Datos alarmantes:** En La Laguna hay cuarenta y nueve pisos de alquiler disponibles, con precios que oscilan entre 600 y 3200 euros, frente a más de quinientas sesenta propiedades dedicadas al alquiler vacacional, según el mapa difundido recientemente. Desde Unidas se puede se resalta que estos datos reflejan un serio problema que daña de forma directa la vida de muchas familias, debido al incremento descontrolado de los precios de los alquileres y al aumento en el valor de las viviendas.
Rubens Ascanio destaca que el mapa del alquiler vacacional “ilustra uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, especialmente en un territorio insular como este, donde los alquileres y el coste de las viviendas suben sin control. Esto ocurre en una región con un territorio limitado y una de las medias salariales más bajas del Estado”. En este sentido, asegura que el hecho de que en la zona metropolitana existan más de 3000 pisos bajo esta modalidad, con más de 560 en La Laguna, evidencia lo que él califica como “una dejación de funciones por parte del gobierno local de PSOE-CC y del Cabildo de Tenerife, que se han negado rotundamente a avanzar en las medidas contempladas en la Ley de Vivienda vigente”.
Las cifras se tornan más preocupantes al consultar los datos oficiales del Gobierno de Canarias, donde se registran un total de 1.017 viviendas para alquiler vacacional en el municipio lagunero. Ascanio indica que en La Laguna hay más de dos mil familias que solicitan vivienda pública y que la inversión en este área se ha reducido considerablemente en el actual mandato municipal. Señala también que «el ejemplo más claro de esta situación es la devolución de más de cuatro millones de euros de una subvención destinada a la construcción de viviendas sociales en el municipio, algo difícil de explicar en el contexto actual».
Idaira Afonso, concejala y coportavoz de la misma formación, afirma que la situación crítica se evidencia en las cifras: frente a las escasas cuarenta y nueve ofertas de alquiler en una de las principales plataformas de vivienda, hay más de 350 viviendas de alquiler vacacional en la Comarca Nordeste, siendo Bajamar y Punta del Hidalgo los lugares más afectados por este tipo de usos. La edil comenta que, tanto en el mandato anterior como en el actual, se ha solicitado en repetidas ocasiones un mayor control sobre este sector, persiguiendo los pisos clandestinos, aplicando la Ley de Vivienda y declarando La Laguna como zona tensionada. No obstante, “hasta ahora, los gobiernos municipales de la zona y el Cabildo de Tenerife han mirado para otro lado”.
Afonso destaca la falta de control sobre este tipo de negocio, subrayando que el Cabildo no ejerce sus funciones de supervisión como «policía de la vivienda», responsabilidad que tiene encomendada. Relacionado con esta cuestión, Idaira Afonso propuso en el último pleno municipal una enmienda a una propuesta formulada por otro grupo municipal. Esta enmienda buscaba trabajar en una ordenanza urbanística que prohíba los casilleros para llaves en el exterior de las viviendas del municipio, además de sugerir «acciones informativas a las comunidades vecinales sobre las medidas que pueden tomar para impedir la implantación de este tipo de actividades en edificios residenciales».
