Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado que los decretos en vivienda están «dando resultados» al haber permitido el aumento de la construcción de vivienda protegida que superan las 2.000 al inicio de 2025 frente a las 100 de 2022.
Antes de participar en el foro organizado por el periódico Canarias7, Rodríguez ha indicado a los periodistas que los dos decretos leyes que ha aprobado el Gobierno de Canarias son una muestra de que «la vivienda es una prioridad» en la agenda política y «están dando resultados».
Han posibilitado que «se haya incrementado de manera exponencial la construcción de vivienda protegida», ya que hasta el año 2022 las viviendas protegidas que se registraban eran en torno a 100 por parte del sector privado, y entre 2024 e inicios de 2025 han superado las 2.000.
Por lo tanto, ha celebrado, «hay un incremento muy importante de la actividad por parte del sector privado a la hora de construir vivienda protegida» y «también se ha acelerado la construcción de vivienda pública» con un plan de vivienda con «objetivos claros».
Al inicio del año 2025 «son prácticamente 2.000 viviendas públicas nuevas que ya han iniciado las obras, los proyectos o que han iniciado los expedientes», ha recalcado.
Agilizar las licencias
Según Rodríguez, con el primer decreto ley «se ha acelerado la actividad para dar respuesta a la emergencia habitacional» y con el segundo se ha conseguido la «agilización de licencias urbanísticas», porque «había una dificultad enorme a la hora de obtenerlas».
Este decreto ley, ha recordado, «crea una figura, la vivienda asequible incentivada, que se suma a la vivienda pública y la protegida para incrementar la oferta de viviendas asequibles».
Este gobierno «está movilizando el mayor número de instrumentos hasta la fecha para dar respuesta a la emergencia habitacional, obteniendo resultados a medio y corto plazo y sentando las bases para tener el problema de la vivienda mucho más encaminado de lo que ha estado en los últimos años», ha asegurado.
El plan de vivienda 2020-2025 finaliza este año y, como ha adelantado el consejero, «se está trabajando en el nuevo plan de vivienda que requerirá que los ayuntamientos cedan suelo», en una tarea en la que están «teniendo respuesta» al abrir la posibilidad de ceder dotaciones y suelo dotacional que no estaba usado para la construcción de vivienda pública.
Para Rodríguez, «se están dando los pasos para tener un nuevo Plan Canario de Vivienda con suelo suficiente en todas las islas».
Ante la preocupación de colectivos sociales y medioambientales sobre que se pueda construir en terrenos que afecten a zonas protegidas, Rodríguez ha apuntado que «todas las medidas de agilización que se están tomando son sobre el suelo planificado, suelo urbano urbanizable, y en ningún caso sobre suelos que no sean ni urbanos ni urbanizables».
Se trata de «destrabar» lo que «estaba planificado desde hace mucho tiempo y que era imposible sacar adelante», pero ha subrayado que la apuesta «no es consumir más territorio» sino aprovechar lo ya construido como es el caso de los siete edificios inacabados adquiridos recientemente para ponerlos a disposición como vivienda pública.
Elevar la oferta de vivienda sin consumir más suelo
La idea, ha dicho, es «seguir esa línea» la de «seguir trabajando en incrementar la oferta de vivienda sin consumir más suelo».
En lo relativo a la vivienda vacía, el consejero regional ha destacado que han «dado una vuelta» al plan previsto por el gobierno anterior que «fracasó estrepitosamente».
En este sentido, ha destacado la necesidad de «dar una vuelta» al plan y «ser mucho más ambiciosos, dar garantías», porque quien tiene vivienda cerrada y vacía lo hace «porque no tiene garantía suficiente desde el punto de vista jurídico, o bien tiene otro uso que cree que es mucho más rentable».
Por ello, la ley de alquiler vacacional que está en el Parlamento, ha recordado, «va a ayudar a que muchas viviendas vuelvan al mercado residencial», con «garantía jurídica a través de incentivos fiscales», como las medidas incluidas en los presupuestos del año 2025 que permiten que «puedan deducirse hasta 1.200 euros en la declaración de la renta».
Para Rodríguez, «hay que seguir trabajando en ofrecer más garantías para tratar de seducir a muchos propietarios a que vuelvan a poner su vivienda en alquiler». EFE
