Las formaciones políticas Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han solicitado que se garantice la gratuidad del transporte público regular de pasajeros en Canarias, considerándolo un servicio público esencial dada la singularidad autonómica de la región en el marco de la Constitución y su condición de Región Ultraperiférica dentro de la integración europea.
Los grupos insulares de CC y PP en el Cabildo de Tenerife presentarán una moción en el próximo pleno de la Corporación insular, en la que instan al Estado a agilizar y asegurar el anticipo total del crédito presupuestado para 2025, antes del 30 de septiembre de 2025, con el fin de mantener la gratuidad del transporte público en Tenerife y en Canarias.
José Miguel Ruano y Lope Afonso, portavoces de CC y PP en el Cabildo de Tenerife, están de acuerdo en la moción en pedir al Gobierno de España que adopte los requisitos de las ayudas reguladas en el Capítulo I del Título II del Real Decreto Ley 1/2025, del 28 de enero, para adaptarlos a la realidad y singularidad de esta Comunidad Autónoma, como ha sido hasta ahora.
En el texto presentado al pleno, ambas formaciones reiteran la exigencia al Estado de garantizar la gratuidad del transporte público regular de viajeros en Canarias, resaltando su carácter de servicio público esencial debido a la singularidad autonómica y la posición de Región Ultraperiférica en el contexto europeo.
CC y PP destacan en la moción que la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias ha tenido un impacto positivo en la economía familiar de la sociedad de Tenerife y ha fomentado la movilidad sostenible en la isla. También ha generado un cambio cultural positivo hacia el uso del transporte público, convirtiéndolo en una alternativa real y eficiente al vehículo privado. La gratuidad se ha mostrado como una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más equilibrada y sostenible.
Ambas formaciones señalan que la continuidad de la gratuidad del transporte público enfrenta riesgos presupuestarios. La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2024 y 2025, compensada con prórrogas presupuestarias, crea incertidumbre sobre su financiación, la cual depende de la futura aprobación de créditos adicionales que garanticen su continuidad.
Por lo tanto, advierten que esta situación supone una amenaza inevitable de falta de adaptación a las necesidades actuales, dificultades en la planificación, licitación de obras y adquisiciones para mejorar y expandir el servicio, así como indecisión en las empresas operadoras al proyectar inversiones.