El presidente pide al Estado y a las comunidades autónomas que dejen de poner excusas, cumplan la ley y acojan “como país” a estos niños y niñas, muchos con derecho a protección internacional
Canarias lidera el diálogo con ONG y entidades del tercer sector a nivel nacional en la búsqueda de soluciones conjuntas para cumplir el real decreto ley que reforma la ley de extranjería y el fallo del Supremo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado este jueves la necesidad de aunar esfuerzos para superar las diferencias, cumplir la ley y garantizar los derechos de la infancia migrante. “Después de casi dos años de intensas negociaciones, el Gobierno canario continúa luchando para que los niños, niñas y adolescentes que viajan solos tengan una vida digna y un proyecto de futuro, para que sean atendidos como marcan las leyes internacionales. No vamos a cesar en nuestro empeño de que los menores migrantes que llegan a las islas sin la compañía de un adulto tengan un futuro y un presente dignos”, garantizó el titular del Ejecutivo autonómico.
En un acto con representantes de ONG y entidades del tercer sector, Fernando Clavijo volvió a reclamar al Estado y a las comunidades autónomas que dejen de poner excusas, cumplan la ley y empiecen a acoger “como país” a los menores migrantes que llegan a España “en busca de una vida mejor, muchos huyendo de guerras o persecución por su condición sexual o religiosa”.
El presidente se refirió en concreto al nuevo auto dictado por el Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores con derecho a protección internacional o asilo que están en la actualidad a cargo de Canarias y de aquellos que lleguen a partir de las medidas cautelares impuestas en el anterior fallo.
El auto del TS advierte al Gobierno central con medidas coercitivas si continúa dilatando el cumplimiento del anterior, algo que para Clavijo demuestra que el Estado está “vulnerando claramente el interés superior del menor”. Calificó de “medida sin precedentes” que el alto tribunal haya “reprendido” al Gobierno español por no integrar a estos más de 1.000 niños y niñas en su red de protección internacional, después de que en la vista celebrada el pasado 29 de mayo quedara patente que “no han hecho nada en mes y medio para hacerlo”.
Pese a los obstáculos, Fernando Clavijo aprovechó la reunión de trabajo en Madrid con representantes de ONG y entidades del tercer sector para garantizar que el Gobierno de Canarias no se va a rendir. “Les aseguro que no vamos a dejar de luchar en defensa de los derechos de la infancia. Seguiremos llamando a las puertas que hagan falta, incluidas las judiciales, para que se cumplan la ley aprobada por el Congreso y la resolución judicial del Supremo”, aseguró tras mostrar su confianza en que “el sistema nacional de acogida de menores migrantes que se está construyendo será una realidad más pronto que tarde”.
Como ejemplo de esta lucha, el presidente confirmó que Canarias y Euskadi han elevado a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona una propuesta conjunta en la que instan al Estado a elaborar un Plan Integral y Estructura de Política Migratoria que ofrezca una respuesta “coordinada, humanitaria y sostenible” a la llegada de migrantes al país.
“Esperemos que este documento se ponga sobre la mesa y podamos debatirlo para dar una respuesta de país a este fenómeno estructural”, dijo pese a reconocer su pesimismo ante la posibilidad de que se alcancen acuerdos en la cumbre debido al clima de confrontación política y a la ausencia de reuniones técnicas previas para preparar “con diálogo y consenso” esta Conferencia de Presidentes.
Una responsabilidad compartida
Fernando Clavijo hizo estas consideraciones en la inauguración de la jornada ‘Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida’, una reunión organizada por el Gobierno de Canarias en Madrid a la que han asistido casi un centenar de representantes de entidades que acogen a menores migrantes o especializadas en el fenómeno migratorio, además del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa. También participaron los responsables de infancia y atención a las personas migrantes de Euskadi, en la línea con la línea de trabajo conjunta que mantiene el Gobierno canario y el vasco.
El líder del Ejecutivo autonómico destacó la importancia de convocar a entidades que trabajan en todo el territorio nacional para seguir recabando no solo su experiencia sobre la migración, al que todas las sociedades deben hacer frente, sino para conocer su parecer sobre los pasos que se han ido dando en nuestro país para mejorar la atención de la infancia migrante.
Para Fernando Clavijo es fundamental que las propias entidades puedan trasladar al Gobierno de Canarias su análisis acerca del Real Decreto Ley de modificación de la ley de extranjería, que determina la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la acogida de los niños, niñas y jóvenes que llegan solos a los territorios frontera de España, así como el auto del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a garantizar el acceso y permanencia en el sistema nacional de acogida de los menores que hayan solicitado protección internacional, precisó.
El titular del Ejecutivo canario destacó que en la defensa de una política migratoria única juegan un papel fundamental las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales. “Contar con sus aportaciones será clave para avanzar ante todos estos retos que tienen como objetivo final dar un mejor futuro a los chicos y chicas que llegan en patera en condiciones de máxima vulnerabilidad a las costas del archipiélago”, indicó durante su intervención al comienzo de la jornada
Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, garantizó que el Estado va a “cumplir escrupulosamente” la ley y el auto dictado por el TS que obliga al Gobierno central a integrar a los menores en su red de protección internacional. “Estamos trabajando en un nuevo sistema estructural”, aseguró tras el encuentro con las ONG y entidades del tercer sector, para acto seguido subrayar que su Ministerio está dando “pasos firmes para afinar algo que viene para quedarse” aunque apeló a la colaboración de todas las comunidades autónomas para avanzar.
Coordinación y trabajo
En nombre de las entidades participantes, la responsable de políticas de infancia de Unicef España, Lucía Lozovic, destacó la preocupación existente entre las ONG y del tercer sector porque no se esté prestando a los menores migrantes no acompañados “la atención que se merecen”. “No es una opción, es una obligación del Estado y de todas las administraciones defender los derechos que tienen los niños que llegan solos a nuestro país”, dijo tras reclamar que un gran pacto con “soluciones eficaces para velar por el interés superior de los niños y niñas”.
El encuentro con las ONG y organizaciones que trabajan con la infancia migrante, impulsado desde el Gobierno de Canarias, se inició con una mesa redonda en la que participaron la responsable de Infancia no acompañada de Acnur, Margarita de la Rasilla; el intérprete en ACCEM y mediador maliense Aboubacar Dramen y la abogada especialista en infancia y migraciones en Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández. El debate estuvo dirigido por el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez.
Posteriormente, se organizaron grupos de trabajo para propiciar un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores que atienden a estos jóvenes en las distintas comunidades autónomas. Esos equipos han abordado asuntos de especial interés para mejorar la atención a la infancia migrante, desde el acceso a la protección internacional y al procedimiento de asilo; la identificación de necesidades específicas y protección de las niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y colectivo LGBTIQ+; la salud mental y reparación del daño; el acogimiento residencial, el acogimiento familiar, la reunificación familiar y la infancia separada; el procedimiento de determinación de la edad y la situación administrativa; la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales y la corresponsabilidad, coordinación interinstitucional y distribución.
