Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Cáritas Diocesana de Canarias se ha visto obligada a limitar la atención que presta a las familias más vulnerables en la provincia de Las Palmas -hasta 22.836 personas- debido al incremento en el costo de la vida y a la caída de las donaciones que reciben, de hasta un 21 %.
Así lo refleja la memoria anual de la actividad de esta entidad del tercer sector durante el año 2024, cuya ayuda ha llegado a 7.478 hogares, lo que supone la mitad de los que acompañaba hace cinco años, atendiendo en total a 22.836 personas, que también suponen algo más de la mitad que en 2020.
Tanto el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, como el presidente de Cáritas en la provincia, Gonzalo Marrero, y su secretaria general, Caya Suárez, han alertado sobre este hecho, que ha obligado a la entidad a tener que suscribir dos créditos para poder seguir desempeñando su trabajo social.
Y es que, ha advertido Marrero en la rueda de prensa celebrada este lunes para presentar la memoria, Cáritas «ha superado los límites de su capacidad económica para la atención y acogida», por lo que ha entrado en déficit.
«Hemos tenido que contratar dos tipos de créditos: uno para poder abonar las facturas, de un millón de euros, y otro para paliar lo que tardan las administraciones públicas en abonar las subvenciones», ha explicado Marrero, quien ha censurado que, a estas alturas de año, solo se les ha abonado un 19 % de los fondos aprobados por parte de las administraciones públicas.
La entidad reorganiza sus servicios
Debido a los costos en aumento y al descenso de las donaciones, Cáritas se ha visto obligada a reorganizar servicios y la forma en que se trabaja, según Caya Suárez, quien ha detallado que, entre otras cuestiones, han reducido costes en ciertos aspectos como actos institucionales, formaciones o encuentros que no tengan que ver directamente con la atención social.
Pero también han reordenado servicios, por ejemplo llevando ciertos dispositivos específicos a otras áreas más generales para reducir esos costes: «Es simplificar y hacer más transversal la intervención que realizamos», ha remarcado la secretaria general.
También ha surgido la «necesidad», ha dicho, de «poner techo» a ciertos servicios que estaban ofreciendo y crear listas de espera, como ocurre con el comedor social o las ayudas para el alquiler.
Así, las ayudas a familias en 2024 se han reducido un 21 por ciento, en gran medida debido a que han decidido no alargarlas tanto en el tiempo: si antes ofrecían esta asistencia durante cuatro o cinco meses, ahora lo hacen durante dos o, como mucho, tres.
Denuncia la «mercantilización» de la pobreza
Además, Cáritas ha aprovechado las conclusiones de esta memoria para denunciar lo que considera una «mercantilización» de la pobreza a costa del enriquecimiento de ciertas personas, por lo que han pedido «no hacer uso de la situación por la que atraviesa la población para el beneficio propio».
En ese sentido, Caya Suárez ha recriminado que la falta de vivienda es «una grave vulneración de derechos» y que sus consecuencias en todos los ámbitos son evidentes, lo que ha hecho que Cáritas tenga que atender cada vez más a familias con problemas para acceder a un techo digno: hasta el 55 % de las ayudas que se han dado tienen que ver con esta cuestión.
También ha censurado los abusos a los que se ven sometidas las personas en situación de vulnerabilidad, detectándose durante 2024 una «normalización de prácticas irregulares» en lo relacionado con la vivienda, entre ellas el regreso de las llamadas «camas calientes», camas que se alquilan por horas para el descanso de personas.
Dentro del área de vivienda, Cáritas ha atendido a 1.527 personas durante 2024, de las cuales 136 lo hicieron a través de los alojamientos alternativos y los centros de baja exigencia, a las que se suman otras 242 familias en riesgo de exclusión residencial.
El 18 % de las personas atendidas son trabajadoras pobres
La secretaria general de Cáritas ha destacado también que el 18 % de las personas atendidas el pasado año son trabajadores pobres, y que el 10 % se encuentran en la economía sumergida, población que no puede acceder con el salario que tiene a cubrir todas sus necesidades básicas.
Asimismo, el 54 % de las familias atendidas en 2024 es de origen migrante, y de ellas, el 57 % se encuentran en situación administrativa irregular, por lo que carecen de protección social pública, una situación que se agrava todavía más entre las mujeres o los menores de edad.
Por todo ello, Marrero ha insistido en hacer un llamamiento a la «solidaridad necesaria y urgente» de toda la sociedad canaria con el objetivo de «construir alternativas para dar respuesta a estos retos» que tiene la entidad por delante.
Un llamamiento al que se ha sumado José Mazuelos, quien también ha llamado a las administraciones públicas «a ser más generosas» y a tener una mayor sensibilidad respecto a estas problemáticas, ya que, en su opinión, «no se puede cargar solo sobre Cáritas el peso de esta atención a quienes más lo necesitan». EF
