Santa Cruz de Tenerife, 28 jun (EFE).- La Asociación Tierra Bonita, de la que forman parte personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite, ha presentado sendas denuncias ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la Diputada del Común, Dolores Padrón, para que intercedan ante la negativa del Gobierno de Canarias a divulgar las grabaciones de las reuniones del Pevolca previas a la erupción de 2021.
La asociación, según ha informado este sábado en un comunicado, solicita que ambas instituciones requieran al Gobierno canario esta documentación, anonimizándola, si se motivara la necesidad de esa medida.
Dado que el Gobierno ha afirmado que no existen actas de dichas sesiones, la asociación exige que se acredite esa inexistencia y se determinen las consecuencias de «esta grave omisión», ya que la ley y el reglamento del Pevolca obligan a levantar acta, han indicado desde la asociación.
También pide este colectivo que se encargue un informe jurídico independiente, al considerar que el elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno adolece de “parcialidad y falta de motivación suficiente”, y no ha ponderado debidamente el interés general que debe prevalecer en situaciones de emergencia pública como esta.
Asimismo, la asociación solicita que se revise el informe emitido en su día por el Defensor del Pueblo sobre la gestión de esta emergencia volcánica, al que achacan “lagunas” significativas por no tener en cuenta la ausencia de evacuación previa de la población en riesgo, pese a las advertencias científicas; «el ocultamiento oficial» de las grabaciones del Pevolca y los numerosos testimonios con quejas de afectados.
“Solo una valoración jurídica objetiva e imparcial podrá restaurar la confianza pública, esclarecer responsabilidades y garantizar el aprendizaje institucional de cara a futuras emergencias”, subrayan desde Tierra Bonita.
Tierra Bonita ha presentado solicitudes y recursos ante la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario y la Comisionada de Transparencia, que han alegado la confidencialidad de las deliberaciones.
A la asociación le llama la atención que la referida Dirección General le comunicó en mayo a esta entidad ciudadana que no constaba ningún nuevo informe jurídico anunciado por el Gobierno autonómico hacía un año.
Sin embargo, advierte, semanas después, el mismo organismo notificó una resolución con un nuevo dictamen jurídico, fechado a fines de mayo, en el que se confirma que no hay actas, pero sí grabaciones, pero que estas no tienen relevancia pública.
En cambio, Tierra Bonita defiende que sí concurren razones de poderoso interés público para divulgar esas grabaciones.
Para argumentarlo, ha remitido al Defensor del Pueblo un dossier con su investigación donde se muestra, de manera documentada, todos los indicios de que este fenómeno eruptivo era inminente y no se activaron las medidas obligatorias en estas circunstancias, como elevar el nivel de alerta a naranja y evacuar a la población.
Es más, según la asociación, ni siquiera la mañana del domingo 19 de septiembre de 2021 se avisó de manera oficial desde el Pevolca a los vecinos de la zona adonde se sabía con antelación que se había desplazado el mayor riesgo, para que estuvieran prevenidos.
A los habitantes de los núcleos urbanos más próximos al lugar donde explotó el volcán tampoco se les había convocado a reuniones informativas, como sí sucedió con los de zonas más alejadas, e incluso existen testimonios de que no se les permitió la entrada a esos encuentros con responsables del Pevolca.
Además, la asociación denuncia que los informes del comité científico publicados en su momento no coinciden con lo manifestado posteriormente sus propios miembros, pertenecientes al IGN, INVOLCAN, IGME e IEO, quienes reconocieron haber advertido la inminencia de la erupción
Como resultado de la falta de evacuación preventiva, denuncia, “la erupción sorprendió a la población en sus casas, expuesta a riesgos mortales y obligada a autoevacuarse en condiciones caóticas, con pérdida de enseres, objetos personales y animales, al no poder ponerlos a salvo”.
Tierra Bonita propugna que este cúmulo de hechos “justifica la urgente intervención” de las instituciones encargadas de defender a la ciudadanía de esta opacidad de la Administración, para velar por el acceso público a toda la información sobre la toma de decisiones en esta emergencia.
