El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha expresado su preocupación por la manera en que el Gobierno de Canarias (CC-PP) y el grupo de gobierno insular, liderado por Rosa Dávila, están gestionando el nuevo convenio de dependencia. Según el grupo socialista, esta gestión podría asfixiar económicamente a las entidades sociales encargadas de la atención a la dependencia en la Isla, poniendo en riesgo plazas y servicios fundamentales.
La consejera socialista Marián Franquet ha denunciado que los borradores del nuevo convenio, que debían haber entrado en vigor el 1 de enero, establecen un precio por plaza muy inferior al coste real calculado por las entidades involucradas. «Cuando el convenio finalmente se firme, será con efecto retroactivo desde enero, pero se pagará según los cálculos del Gobierno, no por los gastos reales incurridos por estas entidades para mantener los servicios. Esto las lleva a un déficit que amenaza su viabilidad y pone en riesgo la continuidad de los recursos», advirtió Franquet.
La consejera recordó que esta situación afecta directamente a cientos de plazas para personas mayores, dependientes y con discapacidad, que podrían desaparecer si las entidades no pueden seguir asumiendo esas pérdidas. Además, subrayó que desde enero el Cabildo ha tenido que sostener en solitario estos servicios con fondos propios, los cuales podrían agotarse este mismo año si el Ejecutivo regional no cumple con la firma del convenio que financia el sistema. «Están poniendo en aprietos las economías de las entidades, ayuntamientos y operadores», insistió.
Franquet también solicitó medidas específicas para las altas hospitalarias que no discriminen a quienes esperan en sus casas. Propuso medidas para atender a los pacientes hospitalarios con alta, pero con necesidades sociosanitarias, que permitan liberar camas sin saturar el sistema de dependencia ni discriminar a las personas que llevan meses o años esperando atención en sus hogares. «No podemos aceptar que el borrador del convenio otorgue prioridad automática a estos casos, porque convierte a los hospitales en una puerta trasera del sistema, desplazando a miles de personas en situación muy grave que necesitan ese recurso desde hace mucho tiempo», señaló.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una estrategia específica para gestionar estas altas, con recursos diferenciados, ya que mezclar ambas listas solo causará más saturación y dejará sin respuesta a quienes están en sus casas esperando un servicio ya reconocido. Además, advirtió sobre un efecto no deseado en familias que verán en el sistema sanitario su último recurso ante situaciones personales insostenibles.
Finalmente, Franquet subrayó que Canarias tiene actualmente los peores datos del país en materia de dependencia: un 42% de personas en lista de espera, un 29% en el limbo y miles que fallecen cada año sin recibir la atención reconocida. «Estamos ante la peor gestión en 18 años, sin convenios firmados, sin actualización de precios, sin nuevos recursos y con un modelo que pone en riesgo la red de entidades sociales que sostiene el sistema», concluyó.