Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central y al de Canarias que le remitan un informe quincenal sobre la situación de los alrededor de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo que debe acoger el Estado en su red de protección internacional, tal y como ordenó el pasado 25 de marzo.
En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido este miércoles a ambos ejecutivos que, cada 15 días, remitan un informe conjunto sobre los avances producidos en este ámbito, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes para que el Estado acoja a estos jóvenes.
Ordenó que se adoptaran medidas urgentes
El Supremo ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias.
Tras una vista en la que comparecieron altos cargos del Ministerio del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el alto tribunal volvió a ordenar el pasado 5 de junio la urgente adopción de medidas, en este caso bajo advertencia de posibles sanciones para los responsables.
Finalmente, hace una semana, el Gobierno central y el de Canarias anunciaron un acuerdo para cumplir con la orden del Supremo, con un calendario de actuaciones y el foco puesto en «el interés superior del menor», es decir, decidiendo en función de cada caso, según la situación personal de los chicos.
En esta misma reunión, el Ejecutivo se comprometió a que el Ministerio de Migraciones daría de alta «de manera inminente» en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 de estos jóvenes, alta que se formalizó el pasado lunes.
Además, ayer tuvo lugar una reunión entre ambas partes, en la que el Gobierno central ofreció 400 plazas definitivas en la Comunidad de Madrid para estos chicos, además de las 250 de tránsito ya anunciadas en Las Palmas de Gran Canaria.
Para ello, el Gobierno pretende utilizar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo, una instalación que se habilitó inicialmente para atender a los refugiados de Ucrania.
En el encuentro, Canarias solicitó que, tras las 650 plazas puestas a disposición, se habiliten las demás hasta alcanzar las 1.290 que, según el Gobierno autonómico, corresponden a los todos los menores con solicitud de protección internacional que están en las islas.
