Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).- La Fiscalía y las dos acusaciones populares del caso Emalsa han solicitado este martes a la Audiencia de Las Palmas una sentencia condenatoria para los 15 exdirectivos de la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria por delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal cometidos entre los años 2008 y 2012.
En el informe final presentado por la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, con el que ha dado inicio la décima sesión de este juicio, la representante del Ministerio Público ha defendido la capacidad y legitimidad de su acusación y de las dos acciones populares presentes en la causa, pese a la retirada de cargos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La letrada del Ayuntamiento justificó su decisión de retirarse del caso al entender que no se ha acreditado el perjuicio económico generado a Emalsa en esos años, extremo que discute la fiscal Ríos, quien cifra en 23,4 millones de euros el quebranto causado.
Ríos además ha reprochado a la representante del Ayuntamiento, que no ha asistido a la sesión de este martes y ha remitido un escrito en el que fundamentaba la retirada de su acusación, su «error manifiesto» al decir que fue la Fiscalía la que denunció el caso, cuando fue el alcalde Juan José Cardona, también presidente de Emalsa.
No obstante, ha remarcado que no ve trascendencia al detalle de quién denunció primero, ante las irregularidades advertidas en la prestación de un servicio, el del agua, de interés general y público, que afecta a los vecinos del municipio y que estos abonan en sus facturas trimestrales y en sus impuestos.
La fiscal de Delitos Económicos, en su informe, ha insistido en que la veintena de contratos objeto de la causa, suscritos entre Emalsa y Sercanarias, empresa formada por los entonces socios privados de la compañía de aguas, Saur y Valoriza, no se sujetaron a la norma reguladora del procedimiento de contratación del agua.
El primero de esos contratos se suscribe en 2008 para el mantenimiento de la red de saneamiento del alcantarillado y «desemboca en un absoluto descontrol» de los servicios que adjudica Emalsa a Sercanarias, ha subrayado Ríos.
La fiscal también ha hecho hincapié en que en la sala se ha dicho que «no se sabe el motivo y la razón» de ese contrato, que fue adoptado por los acusados Gerard Jean Fernand Thierry, entonces director general de Emalsa, y Rafael González Bravo de Laguna, presidente de Sercanarias, a quienes reprocha que lo ocultaran durante meses al consejo de administración.
Además, ha indicado que dicho acuerdo mercantil tampoco cumplía con la normativa interna de contratación de Emalsa ni fue debidamente controlado por el comité de gerencia, creado en 2008 por los socios privados para potenciar y supervisar la actividad desarrollada por la empresa.
La representante del Ministerio Fiscal ha calificado de «confuso» el contrato de prestaciones accesorias suscrito por el Ayuntamiento con Saur y Valoriza, y entiende que favoreció la apropiación de fondos de la compañía de aguas, otra de las irregularidades por las que acusa.
Así mismo, Ríos considera, «particularmente sonrojante, como mínimo» el contrato de arrendamiento con Satocan para el cambio de sede de Emalsa de la plaza del Obelisco al edificio del centro comercial Las Ramblas, ya que la compañía no pagaba alquiler y pasó a abonar 90.000 euros mensuales, un precio que se rebajó en dos ocasiones.
La fiscal ha aludido al «desorbitante» salario que percibía el acusado Rafael González Bravo de Laguna en Sercanarias y ha recalcado que fue despedido por realizar trabajos para Satocan relacionados con ese arrendamiento, por los que cobró cerca de medio millón de euros pese a tener una obligación de exclusividad.
Evangelina Ríos ha admitido que el contrato de alquiler pudo ser beneficioso para el Ayuntamiento como corporación pública, pero no para Emalsa, al tiempo que ha señalado como otra de sus particularidades que Satocan, el día antes de su firma, adquirió el 55 % del edificio que le faltaba para tener el 100 % y se desconoce la cantidad que pagó por ello y la forma de pago concertada.
El letrado de la acción popular, ejercida por el comité de empresa del Ayuntamiento, ha recordado que no formula acusación contra Satocan por el contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa, pero que en el resto de cuestiones se adhiere a lo expuesto por la fiscal, si bien su escrito de acusación hace más hincapié en el contrato de prestaciones accesorias.
Un contrato sobre el ha solicitado al tribunal que de «más verosimilitud» a los informes periciales efectuados por Godoy Auditores y Auren, que son en los que se apoya la Fiscalía.
El letrado de la otra acción popular, que ha recordado que en su escrito inicial de acusación de 2018 ya tachaba al Ayuntamiento de «indolente», ha censurado la «actitud pasiva» de su letrada en el juicio quien, como «cofolón», ha retirado su acusación.
El juicio continuará este miércoles con los informes de las defensa. EFE
