Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este miércoles al magistrado Miguel Ángel Parramón como nuevo presidente de la Audiencia de Las Palmas, en sustitución de Emilio Moya.
El actual presidente de la sección primera (penal) de la Audiencia Provincial sucederá de esta forma al magistrado Emilio Moya, cuyo mandato expiró el 18 de enero de 2024.
En el orden del día de la sesión que este miércoles ha celebrado el CGPJ figuraba, además del de la Audiencia de Las Palmas, el nombramiento de 24 vacantes, entre ellas las de las presidencias de las Audiencias Provinciales de Albacete, Baleares, A Coruña, Málaga, Soria, Valencia, Jaén, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Castellón.
Además de Parramón, para suceder a Moya se habían presentado los magistrados María Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria; y José Antonio Morales, de la sección tercera (civil) de la Audiencia de Las Palmas, quienes el pasado 29 de mayo comparecieron ante la Comisión de Calificación del CGPJ para exponer su currículo, resoluciones relevantes y su proyecto.
Entre las actuaciones que defendió entonces, Parramón abogó por que se mantenga el criterio de la especialización en la Audiencia Provincial de Las Palmas, al considerar que permite dar una respuesta más cohesionada a las pretensiones de las partes y limita los riesgos de resoluciones contradictorias.
Por ello, en su proyecto propuso la especialización inmediata de la sección primera de la Audiencia Provincial en violencia contra la infancia y la adolescencia, en consonancia con la existencia en Las Palmas de Gran Canaria del primer juzgado de España que asume dicha competencia con carácter exclusivo, con el fin de asegurar una respuesta coordinada y un mayor y mejor flujo de la tramitación y del cumplimiento de los protocolos y guías prácticas aprobados.
Para evitar «interpretaciones jurídicas contrapuestas» entre las tres secciones civiles y tres penales de la Audiencia que, en materia de criterios jurisdiccionales, no siempre mantienen posturas coincidentes, Parramón abogó por promover de forma habitual la celebración de plenos jurisdiccionales y adoptar criterios jurídicos uniformes.
Aún cuando el acuerdo no sea posible, considera que el parecer mayoritario deberá documentarse mediante el correspondiente acuerdo y operarse de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando establece que «en todo caso, quedará a salvo la independencia de las secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado».
Propone crear una nueva sección civil y otra penal
Frente a la elevada tasa de pendencia, el proyecto presentado por el magistrado cree imperativo que el Gobierno cree una nueva sección civil dotada de cinco magistrados y una nueva sección penal y que, en tanto que se procede a ello, plantea que a través de la figura de las comisiones de servicio con relevación de funciones se dote de forma permanente y no rotatoria a cada una de las secciones de la Audiencia de un magistrado adicional que asuma con el resto de titulares el trabajo ordinario.
En el ámbito civil considera que en el reparto se hace necesario revisar la prioridad y urgencia otorgada a los asuntos, dada la congestión que padece y propone que, para ello, sean tratados como urgentes, no solo los procedimientos de familia y discapacidad, sino también todos aquellos que afecten al uso de la vivienda habitual y en los que resulte implicada un persona vulnerable.
Parramón aboga además por la aprobación de un protocolo de digitalización y tramitación del expediente judicial electrónico que pueda ser conocido y aplicado, no solo por la Audiencia Provincial, sino también por los órganos judiciales del territorio que deben remitir sus recursos a la misma, lo que evitará «la disparidad de criterios existentes en la actualidad y aportará certidumbre y una mayor y mejor comunicación entre todos los órganos judiciales».
Para mejorar el funcionamiento de las oficinas judiciales, propone la creación de un servicio común de ejecutorias que, bajo los principios de especialización y eficiencia, pueda servir a todas las secciones penales de la Audiencia, así como un equipo específico y especializado en los procedimientos, cada vez más numerosos, que se siguen ante el Tribunal del Jurado y que exigen de una formación y trámites específicos.
De igual modo, plantea la necesidad de que se creen equipos especializados en el orden civil que traten asuntos de familia y discapacidad y asuntos calificados como urgentes, llevándolo a cabo con la celeridad que la naturaleza de los mismos aconseja. EFE
