El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, asegura que la «tarifa forestal no afectará al transporte profesional ni a la distribución de mercancías. Estará exenta en los sectores esenciales y no supondrá, en ningún caso, un encarecimiento de los bienes y servicios de la cesta de la compra».
El vicepresidente primero, Lope Afonso, recuerda que la tarifa fue propuesta por un comité de 17 expertos independientes del Consejo Canario de Cambio Climático, un órgano asesor encargado de evaluar y recomendar políticas ambientales. «Esta propuesta no surge de una decisión política improvisada, sino del trabajo técnico de profesionales especializados en sostenibilidad, biodiversidad, gestión forestal y medioambiente», comenta Afonso.
El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado la implantación del denominado céntimo forestal: una tarifa ambiental de un céntimo de euro (0,01) por litro de gasolina y gasóleo que se aplicará en la isla con un único fin: proteger el territorio y conservar la naturaleza. Esta medida permitirá reforzar la prevención de incendios, restaurar zonas degradadas, cuidar cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de espacios naturales y mantener el equilibrio de los ecosistemas.
La medida ha sido discutida y aprobada por el grupo de gobierno, en contraposición con la postura del PSOE en Tenerife, que ha votado en contra. Esto resulta llamativo, dado que en el Cabildo de Gran Canaria —donde también gobierna el PSOE— se ha aprobado la misma tarifa con idéntico importe. «Es difícil entender por qué el PSOE aquí vota en contra de una medida que su propio partido apoya y activa en Gran Canaria», cuestionó el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías. «Es una tarifa ambiental finalista, útil y proporcionada, que no supondrá una carga para las familias ni para los sectores productivos», afirmó Pérez Frías. «Cada céntimo se invertirá íntegramente en medidas concretas como la limpieza de montes, cortafuegos, repoblaciones, restauración ecológica o mejoras en pistas forestales», añadió.
El director insular subrayó que la tarifa no afectará al transporte profesional ni al precio de los bienes de consumo. «Quedan expresamente exentos los vehículos dedicados al transporte de mercancías y pasajeros, los taxis, las guaguas, el sector agrícola, la maquinaria industrial y los servicios públicos esenciales», explicó. «Por lo tanto, no repercutirá en la cesta de la compra ni en los servicios cotidianos de la ciudadanía», insistió.
Pérez Frías destacó que el céntimo forestal forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la sostenibilidad y la movilidad responsable. «Tenerife es una de las regiones más motorizadas del mundo, con más de 800 coches por cada 1.000 habitantes», afirmó. «Desde el Cabildo hemos reforzado la apuesta por el transporte público gratuito con una inversión anual superior a los 59 millones de euros para que no le cueste un solo euro a los tinerfeños y tinerfeñas», señaló el consejero. «Además, hemos movilizado más de 230 millones de euros para modernizar las infraestructuras de movilidad, adquirir nuevas guaguas, aumentar las líneas y frecuencias y digitalizar todo el sistema. Este céntimo forestal es una pieza más del camino que estamos recorriendo para cuidar la isla y construir una movilidad más limpia, justa y eficiente», sostuvo.
Durante su intervención, el vicepresidente primero del Cabildo, Lope Afonso, defendió la medida como «sensata, proporcionada y necesaria». Recordó que representa un impacto económico muy reducido, «apenas 50 céntimos por cada depósito medio de 50 litros», y subrayó que «no se trata de un impuesto general ni afecta al transporte profesional ni al precio de los bienes de consumo». Afonso remarcó que «es una herramienta útil para garantizar el futuro de nuestros bosques».
El vicepresidente también cuestionó la actitud del grupo socialista y su «incoherencia política». «El PSOE rechaza aquí lo que aprueba en Gran Canaria, donde gobierna», apuntó. «Lo que hoy aprobamos no es una ocurrencia ni una improvisación. Es una medida que cuenta con aval técnico y que responde a una necesidad real. Cuidar lo que es de todos debe estar por encima de los discursos oportunistas», concluyó.
La ordenanza pasará ahora a la fase de publicación oficial y entrará en vigor una vez culminado el procedimiento administrativo. Se trata de una medida alineada con las recomendaciones técnicas del Consejo Canario de Cambio Climático, que reúne a 17 expertos de distintas áreas ambientales y de sostenibilidad. Su implantación sigue la misma línea que otras experiencias ya activas en países europeos como Suiza, Francia o Alemania, donde se aplican mecanismos similares para desincentivar el uso de combustibles fósiles y generar fondos dirigidos exclusivamente a la conservación de la naturaleza.