Adaya González |
Las Palmas de Gran Canaria (EFE). Veinte años después de la primera ley antitabaco, y pese al notable descenso en el consumo, 8 millones de personas siguen fumando en España, en su mayoría de niveles socioeconómico bajos, y solo uno de cada cuatro, en este caso de las clases más favorecidas, ha intentado dejarlo.
Son algunas de las conclusiones de la monografía: ’20 años de aplicación de las medidas del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaquismo en España’, que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha presentado este jueves en su XLIII reunión anual.
En su balance, el Grupo de Trabajo sobre Tabaco de la SEE constata como estas dos décadas de legislación antitabaco, desde la ley de 2005 a su reforma de 2010 y otros varios decretos aprobados, han supuesto «un avance significativo en la salud pública», reduciendo la exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) y desnormalizando el consumo.
Urge un avance legislativo
Sin embargo, aunque se fuma menos (del 44 % al 25,9 % en hombres y del 20,8 % al 18,5 % en mujeres entre 1993 y 2020), la prevalencia no ha bajado tan rápido como se esperaba; paralelamente, tampoco se ha incrementado el número de personas que lo han dejado, que lleva estable desde 2014. Cada año, el tabaco sigue provocando entre 50.000 y 60.000 muertes.
Con ello, España se sitúa aún lejos del objetivo de reducir por debajo del 15 % la prevalencia de tabaquismo que se recomienda para planificar la estrategia “endgame” o fin de la epidemia del tabaco.
«Necesitamos que se avance en la legislación de control de tabaquismo, porque lo que estamos viendo es que la prevalencia es cierto que ha bajado tanto en hombres como en mujeres, pero actualmente esa velocidad de descenso ha disminuido», ha destacado Mónica Pérez Ríos, del Grupo de Trabajo sobre Tabaco de la SEE.
De esta forma, el documento subraya que «todavía existen desafíos pendientes, como la regulación de nuevos productos del tabaco, la implementación del empaquetado neutro y la ampliación de los espacios libres de humo en zonas exteriores como terrazas de bares y restaurantes».
A nivel autonómico, diversas comunidades han desarrollado normativas específicas de prevención y control del tabaco para reforzar el marco legislativo nacional y adaptarlo a sus contextos particulares.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña o Baleares han promovido la adhesión de municipios a la red de Playas sin humo y ya se prohíbe fumar en algunas; en País Vasco, también está vetado hacerlo alrededor de centros escolares; en Galicia, en las inmediaciones de museos y otros centros culturales.
No obstante, en muchos casos, «se trata de prohibiciones voluntarias, simbólicas o señalizadas sin régimen sancionador», aunque de gran aceptación ciudadana.
Desigualdades y presiones de la industria
Para avanzar, «resulta urgente» aumentar la inversión pública en prevención, adoptar medidas fiscales más estrictas y establecer mecanismos eficaces «para frenar la interferencia de la industria tabaquera en la formulación de políticas», resalta.
Sobre este aspecto, recuerda que España se encuentra en una zona media en el grado de respuesta frente a la interferencia de la industria del tabaco y la protección de las políticas de salud pública; aunque había mejorado su puntuación en 2021, dos años después volvió a empeorar, de acuerdo con el índice global del tabaco.
Otro de los puntos en los que se detiene la monografía es en las enormes desigualdades que existen y que han ido en aumento: en hombres se aprecia según el nivel de estudios, mientras que en las mujeres esta asociación es inversa y fuman más las que más formación tienen.
En ambos sexos la inequidad en el abandono del tabaco es muy elevada: hombres y mujeres universitarios son los que muestran la proporción más elevada y los de menor nivel educativo los que menos lo dejan.
Además, sólo el 25 % de los fumadores ha intentado dejarlo en el último año frente al 30 % de 2011 y la inmensa mayoría ni siquiera busca ayuda. Sólo 2 de cada 100 contaron con la ayuda de médicos y profesionales sanitarios en 2023.
Las desigualdades también son geográficas, y en aquellas comunidades con menor PIB, como Extremadura y Andalucía, se fuma y se muere más por tabaco. EFE
