Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de los cabildos de La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife han dado este jueves su respaldo al decreto ley para desarrollar los procedimientos para la evaluar y calificar el grado de discapacidad en Canarias, sobre el que el PSOE se abstiene.
Lo han hecho en la comisión general de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, en la que el PSOE ha criticado que «se mezcle el drama» de las personas discapacitadas y sus familias con el salario del nuevo director del Servicio Canario de la Salud.
Una cuestión que también ha censurado la diputada de Vox Paula Jover, quien ha calificado de «artimaña» esta disposición adicional del decreto.
En contraste, consejeros de los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y Tenerife han aplaudido el decreto, que entre otras novedades permitirá aportar un catálogo de patologías con un determinado grado de discapacidad, de manera que si se acredita una de las enfermedades listadas se podrá realizar un informe sin necesidad de una valoración presencial.
Así lo ha recalcado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien además ha recalcado que se ha aumentado la ventana de acceso a la atención temprana, que hasta ahora iba de los 0 a los 6 años, y que ahora pasa hasta los 18 años, y que para estimar la concesión del grado no se tendrán en cuenta solo aspectos médicos sino también sociales graves.
También ha destacado la creación de un procedimiento especial que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento.
Delgado ha admitido que durante años el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad «ha adolecido de importantes limitaciones, demoras excesivas, rigidez, trámites innecesarios y falta de coordinación» entre las administraciones, lo que ahora se busca solucionar con el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de julio.
El consejero de Aguas, Educación, Juventud y Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, ha hablado de «un documento histórico» que viene a dar respuesta a las demandas y quejas de las personas discapacitadas y de sus familias.
Hernández ha aprovechado la ocasión para pedir un mayor esfuerzo en la estabilización de los equipos de valoración y revisión de grado en las islas no capitalinas.
El vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha valorado que se abra la posibilidad a que las corporaciones insulares, vía decreto, puedan gestionar de forma directa este servicio y así contribuir a evitar «desplazamientos innecesarios».
Y ha garantizado «el compromiso» del Cabildo gomero de «poner todos los recursos para que el modelo funcione de forma eficaz y que ninguna persona se quede atrás».
El consejero de Bienestar social e inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, ha aplaudido que el nuevo decreto «otorga derechos y reconoce una realidad que se está vulnerando al tardar tanto tiempo en dar ese reconocimiento», y ha expresado igualmente la voluntad de cooperación de esta institución.
La responsable de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda y Salud en el Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, ha agradecido por su parte este «salto cualitativo» que «moderniza los procedimientos, reduce la burocracia y habilita a los cabildos como aliados».
Águeda Fumero, titular del área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, se ha referido al nuevo decreto como «un logro muy importante para garantizar derechos» a las personas discapacitadas y a sus entornos, que «merecen tiempos dignos, procesos comprensibles y respuestas eficaces».
En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, Melodie Mendoza (ASG) ha significado que el nuevo decreto «da respuesta urgente a un problema histórico, con una visión moderna, sensible y profundamente social», según el cual «se coloca casi por primera vez a las personas en el centro y la burocracia pasa, por fin, a un segundo plano».
Juan Manuel García Casañas (PP) ha augurado «un antes y un después» en la atención a las personas discapacitadas y Yonathan Martín (CC), «un cambio drástico» en el sistema de reconocimiento que acabará con «injustas esperas».
Paula Jover (Vox) ha cuestionado que el plan de actuación urgente contenido en el decreto no vaya acompañado de ficha financiera y Esther González (Nueva Canarias) se ha preguntado qué pasará cuando concluya el periodo de contratación de ese personal.
González ha indicado que el decreto «nace de la urgencia de un problema agravado por la desidia» del actual Gobierno de Canarias, que ha «permitido» que las listas de espera hayan llegado hasta los 27.000 expedientes, y que tiene la impresión de que la consejera pretende dar a entender que «nada tiene que ver con este colapso».
Elena Máñez (PSOE) ha indicado que este decreto deviene del real decreto ley 888/2022, que contiene «muchas» de las novedades de las que presume la consejera, y ha advertido de que «no se resolverán los problemas estructurales si no hay equipos estables».
«Los planes de choque están bien para un momento puntual, pero hacen falta equipos estables», ha reiterado.
