Santa Cruz De Tenerife (EFE).- Las mujeres con discapacidad en Tenerife sufren múltiples formas de violencia sexual que a menudo permanecen «invisibilizadas y normalizadas», según un estudio elaborado por la Asociación Feminista Mercedes Machado.
La investigación, realizada entre enero y julio de 2025 en el marco del Proyecto Ariadna, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, se basó en 16 entrevistas en profundidad a mujeres con distintos tipos de discapacidad y en dos grupos de trabajo con nueve profesionales de ámbitos vinculados a la atención a este colectivo.
El informe señala que los agresores suelen ser personas del entorno cercano, como familiares, parejas, vecinos o cuidadores, y que las agresiones se producen con frecuencia en espacios íntimos como el hogar o en instituciones de atención.
Los testimonios recogen desde abusos en la infancia hasta violaciones en la vida adulta, así como casos de violencia ejercida en el ámbito de la pareja.
El estudio revela que la violencia sexual aparece de manera simultánea con otras formas de maltrato, como la física, psicológica o simbólica.
Además, se documentan prácticas específicas vinculadas a la discapacidad, como la esterilización forzosa o la privación lingüística en mujeres sordas.
Entre las entrevistadas, varias relataron haber sufrido abusos sexuales en la infancia, agresiones por parte de familiares o violaciones en contextos de pareja.
Una de ellas afirmó que su discapacidad es consecuencia directa de la violencia sufrida, algo que ya otros informes han cifrado en torno al 7 % en Canarias, según se señala en el informe.
La investigación subraya que factores como la dependencia económica y emocional, el miedo, la falta de accesibilidad, la escasa credibilidad otorgada a las víctimas y la ausencia de información adaptada constituyen barreras que impiden la denuncia y el acceso a recursos.
Asimismo, advierte de la existencia de violencia institucional en forma de negligencia, ausencia de protocolos adaptados, revictimización y falta de escucha en servicios de salud, justicia o servicios sociales.
Las consecuencias incluyen aislamiento social, merma de la autoestima, problemas de salud mental, miedo, culpa y cambios en la vivencia del cuerpo y de la sexualidad.
Aunque las redes informales como familia, amistades o asociaciones juegan un papel importante en la recuperación, «no siempre son espacios seguros y en ocasiones reproducen estereotipos o controlan las decisiones de las mujeres», advierte la asociación.
Por último, el estudio plantea una serie de recomendaciones, entre ellas la formación especializada y transversal de profesionales, el desarrollo de una educación afectivo-sexual inclusiva y accesible, la creación de protocolos adaptados, el fortalecimiento de redes comunitarias, el acompañamiento psicológico sostenido y la recogida de datos específicos que visibilicen la violencia sexual hacia mujeres con discapacidad. EFE
