Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reclama la creación de 24 nuevas plazas judiciales para poder aplicar la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, cuya tercera fase se implantará en las islas en enero de 2026, ha destacado este viernes su presidente, Juan Luis Lorenzo.
El presidente del TSJC, que ha anunciado a los periodistas su intención de presentarse de nuevo al cargo en 2026, ha señalado que para contar con una Justicia «más ágil y eficaz» es preciso disponer de doce nuevas unidades judiciales en cada provincia, así como contar con medidas de refuerzo, y culminar la comarcalización de los juzgado de la violencia sobre la mujer.
En su discurso, pronunciado ante las principales autoridades de Canarias y del Estado, ha pedido que se haga efectiva la unificación de los juzgados de La Orotava y Puerto de la Cruz, en Tenerife, y que se aborde la unión de los de los partidos, también en Tenerife, de Arona y Granadilla de Abona, por entender que es la única solución para la viabilidad del último.
Ha lamentado el retraso en la cobertura de vacantes y ha vuelvo a hacer hincapié en las deficiencias en materia de infraestructuras y en la situación «crítica» del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, que repercute en el funcionamiento de los juzgados de la mujer.
Sobre estos juzgados, ha valorado que se hayan creado cuatro nuevas plazas en Canarias pero ha remarcado que se precisa una en el partido de Santa Cruz de Tenerife, y ha incidido en los medios que se deben de dotar por parte del Gobierno de Canarias, entre ellos facilitar el transporte de las víctimas hasta los juzgados en las áreas comarcalizadas, y habilitar salas para evitar la confrontación con los investigados.
Así mismo, ha demandado que el modelo del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria contra la Violencia en la Infancia y la Adolescencia se haga extensible a toda Canarias, tanto en medios como en equipos porque «no podemos permitir que existe una justicia de primera y otra de segunda.
Lorenzo también ha vuelto a reclamar un «Pacto Canario por la Justicia» como ya hizo meses atrás en el Parlamento regional, y una dotación presupuestaria suficiente, ya que, según los datos de la memoria judicial de 2024 de las islas, en Canarias se produjo un alto incremento de asuntos, un 13,9 % más, al alcanzar los 475.761 procedimientos.
Ha recordado que la comunidad canaria lideró por sexto año consecutivo la tasa de litigiosidad, con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que genera una sobrecarga de asuntos en los juzgados que afecta a más del 63 % de los órganos judiciales, si bien ha reconocido que, pese a esta situación, la respuesta de la judicatura ha sido «ejemplar» por su nivel de eficacia.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha incidido también en su discurso en la necesidad de contar con refuerzos y medios, en los órganos judiciales y de la Fiscalía, y en especial en materia de infraestructuras, por lo que ha vuelto a incidir en la urgencia de contar con un Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, que es «más que extrema».
Ha reiterado que su falta está «perjudicando muy seriamente al crecimiento de los órganos judiciales y de la Fiscalía, cuya plantilla en estos momentos no se puede ampliar, cuando es absolutamente necesario».
Así mismo, ha dicho que es preciso ampliar las instalaciones de la Fiscalía en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), donde no hay espacios para ubicar a los nuevos fiscales.
Martínez ha reclamado la puesta en marcha de la Oficina Fiscal, ya que Canarias es de las pocas comunidades donde no se ha implantado y ha confiado en que pueda empezar a funcionar antes de concluir 2025. EFE