Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias destinará el próximo año 141,3 millones de euros a inversión directa en vivienda, un incremento del 45,49 % respecto al año anterior, dentro del presupuesto total de 197,5 millones del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que concentrará la mayor subida del gasto público de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Sin embargo, la oposición, tanto el PSOE como NC, han afeado al Ejecutivo que de los 141 millones que el Gobierno de Canarias quiere dirigir a vivienda en sus próximos presupuestos 115,65 corresponden a fondos europeos, es decir, el 82%, a lo que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, le ha respondido que «da igual el origen», pues nunca estos fondos se han nutrido solo de recursos de la comunidad autónoma
Pablo Rodríguez, que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar del proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 en lo relativo a su departamento, ha resaltado que sus cuentas para 2026 ascienden a 523,3 millones de euros, con un aumento del esfuerzo inversor en vivienda del 15 %, que consolida a este ámbito como uno de los ejes prioritarios de la acción del Ejecutivo autonómico.
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) dispondrá «del mayor presupuesto de su historia» con 197,5 millones de euros, un 45,49 % más de inversión, destinados a la construcción de vivienda pública, la rehabilitación de barrios y edificios y diversas líneas de subvenciones y programas de apoyo.
El Icavi incrementa el parque público en casi 2.800 viviendas
En total, el Icavi prevé incrementar el parque público en casi 2.800 viviendas sociales y asequibles en el marco del presupuesto 2026, con especial incidencia en Tenerife (1.037) y Gran Canaria (871).
A ellas se suman 429 en Lanzarote, 176 en Fuerteventura, 240 en La Palma, 14 en La Gomera y 28 en El Hierro.
Todas estas viviendas estarán finalizadas y entregadas a sus inquilinos a lo largo de 36 meses, ha aseverado Rodríguez.
Entre las actuaciones principales figuran la construcción de vivienda pública (76,46 millones), la rehabilitación de barrios y edificios (44,17 millones), las ayudas al alquiler, adquisición de vivienda joven o recuperación de entornos rurales (39,67 millones), así como la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Vivienda (750.000 euros), el Plan Rural Life (2,2 millones) y el programa Hipoteca Joven (3 millones).
El presupuesto contempla además 80,9 millones para VISOCAN y 200.000 euros para el Observatorio Canario de la Vivienda, junto a nuevas deducciones fiscales y beneficios tributarios destinados a facilitar el acceso a la vivienda, como la reducción del IGIC y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y rentas medias, así como deducciones en el IRPF para el alquiler o la puesta en uso de viviendas vacías.
En materia de infraestructuras viarias, la Consejería gestionará 226,3 millones de euros, incluyendo una anualidad de 215 millones del Convenio de Carreteras, con proyectos en todas las islas, entre ellos la segunda fase de la carretera Agaete–La Aldea en Gran Canaria, el tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Las Américas, la Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife, y la mejora de la LP-1 y LP-2 en La Palma.
La crítica de PSOE y NC: El esfuerzo inversor es de la UE y no del Gobierno
La diputada del PSOE Patricia Hernández ha señalado que el incremento presupuestario en vivienda tiene que ver con la incorporación del remanente de lo que el Gobierno no prevé gastar en 2025 y con los fondos que provienen de la Unión Europea.
La socialista ha sostenido que si no se tienen en cuenta los fondos europeos el presupuesto de vivienda 2026 es más bajo que el de 2020, por lo que le ha cuestionado al Ejecutivo si el esfuerzo inversor lo ha asumido el Gobierno o la Unión Europea.
En la misma línea, por Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha criticado que si no fuera por los fondos europeos no habría inversión en vivienda por parte del Gobierno, que, en su opinión, no hace frente al «mayor problema de esta tierra, que es sin duda la vivienda».
Según ha recordado, hay 31.000 personas esperando por una vivienda pública y miles de jóvenes esperando por acceder a un alquiler asequible, así como familias trabajadoras asfixiadas por el pago del alquiler o hipoteca, a lo que el consejero ha matizado que un tercio de ellos buscan un alquiler social, otro tercio un alquiler de una vivienda protegida y el último tercio lo que quiere es comprar una vivienda protegida.
Pese a todo ello, «no hay hueco para la vivienda, le dan la espalda», ha indicado Hernández, quien ha acusado al Ejecutivo de estar a favor de la especulación al haber eliminado el programa de alquiler de las 11.000 viviendas vacías que hay en las islas y la iniciativa destinada a las mujeres víctimas de violencia machista que van a ser desahuciadas, algo que ha negado el consejero.
La diputada de Vox Paula Jover ha llamado la atención sobre la baja ejecución de los presupuestos, pues de las 2.300 viviendas que el plan de vivienda planteaba para el periodo de 2020 a 2025 solo se han entregado cien, por lo que ha insistido en que se aplique una fiscalidad realmente favorable a la adquisición de vivienda tanto nueva como de segunda mano.
«Seguimos con un parque de vivienda pública totalmente insuficiente», ha manifestado la diputada, quien ha detallado que hay 29.700 personas en «la lista de espera de la vivienda» que, a su juicio, tendría que reducirse y no ampliarse como ha dicho que pretende el Gobierno.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha valorado las obras concretas para La Gomera, como el acondicionamiento de la carretera al aeropuerto y la avenida frente al hospital, y la inversión de 76,4 millones para vivienda publica, al tiempo que ha pedido un mayor impulso a la vivienda en suelo rural.
El diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, ha señalado que Canarias tiene un problema estructural de vivienda y «por fin» las políticas públicas empiezan a responder a esta situación, también en El Hierro, donde ha dicho que el mercado de alquiler es «prácticamente inexistente», isla en la que ha pedido también que se garantice la regularidad y oferta del transporte marítimo y aéreo.
Los diputados del PP y CC, Jennifer Curbelo y Socorro Beato, respectivamente, han respaldado las medidas que plantea el Gobierno en sus presupuestos para Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ya que, como ha abundado la nacionalista, «eleva la vivienda a su máxima prioridad» gracias a «un impulso extraordinario para la vivienda digna».
