El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos del Casco Viejo de Corralejo, abriendo la puerta a una posible revisión de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que recientemente desestimó la existencia de delito en la trama urbanística conocida como el caso de la Casa de los Cazadores. La noticia fue comunicada este jueves por el portavoz del Comité de Afectados, Miguel Socorro, en una rueda de prensa celebrada en el Cabildo de Fuerteventura.
“Esto es una gran noticia, porque no todo el mundo pasa el filtro del Tribunal Supremo”, afirmó Socorro. Según explicó, solo el 29% de los recursos que se presentan ante el alto tribunal son admitidos a trámite, y de esos, apenas un 11,6% prosperan, lo que sitúa al caso del Casco Viejo en una posición favorable, aunque pidió cautela: “No podemos vender la piel del oso antes de cazarla”.
El recurso, presentado por los servicios jurídicos del Comité, se basa en lo que consideran errores graves en la valoración de la prueba documental por parte de la Audiencia Provincial. Entre los elementos clave destaca una escritura de 1961, en la que ya se reconocía la existencia de propietarios locales del terreno y viviendas en la zona hoy en disputa.
“Esa escritura incluía un plano elaborado por el aparejador Victorio Rodríguez Cabrera que nominaba casa por casa quiénes eran los propietarios del pueblo”, detalló Socorro. Además, según afirmó, en esa misma escritura se indicaba claramente que “todo lo no edificado, deducido a la superficie de las calles y plazas, son solares pertenecientes a los propietarios del pueblo”, lo que, a su juicio, evidencia que la finca adquirida posteriormente por José Manuel del Valle ya presentaba conflictos jurídicos desde el principio.
El portavoz denunció que esa finca, que dio origen a las operaciones de transmisión y dación en pago que derivaron en la actual disputa, no fue registrada de forma inmediata por la inseguridad jurídica de sus segregaciones. “Pasaron nueve registradores por Fuerteventura y nadie quería registrar esas propiedades”, aseguró, recordando que las operaciones de segregación iniciadas en 1961 no se pudieron inscribir hasta 1977.
Uno de los puntos más polémicos de la rueda de prensa fue la crítica directa al giro argumental del magistrado ponente en la Audiencia Provincial, quien, según Socorro, había dictado previamente tres sentencias favorables al pueblo, reconociendo el derecho de usucapión de los vecinos y calificando al empresario del Valle como tercero hipotecario de mala fe.
“¿Cómo es posible que ahora se diga que no hay estafa? Que son buenos empresarios, que no hay nada que sancionar. Nos parece indignante”, declaró. Además, rechazó la interpretación judicial que desvincula de responsabilidad a las empresas intermediarias: “No, señor magistrado. Estafador no es solo el que estafa, sino el que ayuda a estafar. Estas empresas fantasma han sido cooperadores necesarios”.
El Comité ha solicitado al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial y la repetición del juicio con estudio completo del expediente documental presentado, que incluye más de mil folios entre escrituras, registros mercantiles y pruebas notariales.
Para los vecinos del Casco Viejo, el caso va mucho más allá de una disputa legal: es una lucha por la memoria, la propiedad y la dignidad de un pueblo. “Estamos hablando de casas con más de un siglo de antigüedad, construidas por nuestros ancestros”, subrayó Socorro. “Si no hubiésemos hecho frente a este caso, habríamos perdido el pueblo por completo”.
La admisión a trámite del recurso ante el Supremo supone un respiro para los afectados, que han vivido más de dos décadas de litigios y tensiones sociales. El Comité asegura que seguirá peleando hasta lograr una condena ejemplar: “Esta gente merece ser penada. Creo sinceramente que es de justicia lo que estoy diciendo”, concluyó el portavoz.