Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y Mixto) han avalado este jueves que el Gobierno de Canarias oculte quiénes son los beneficiarios de las subvenciones por los daños a inmuebles de la erupción volcánica de La Palma y han defendido que prevalece el derecho a la intimidad sobre el derecho a la información y sobre la transparencia.
El debate se ha producido en una comisión parlamentaria con ocasión de una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias, apoyada por el PSOE y Vox y rechazada por los grupos del Gobierno, en la que se reclamaba a la Consejería de Presidencia que se detallara el importe de cada ayuda y el nombre de los beneficiarios, como establece la ley para la adjudicación de subvenciones públicas.
Esta información es de relevancia «para garantizar la transparencia relacionada con el funcionamiento y control de la concesión de estas ayudas», argumentó la diputada de NC Carmen Hernández.
La diputada citó las leyes de transparencia del Estado y de Canarias, que obligan a publicar información sobre ayudas y subvenciones públicas, incluyendo beneficiarios e importes, y subrayó que así ocurre con todas las subvenciones.
El representante del PSOE, Jorge Tomás González, indicó que hay subvenciones de 800.000, 900.000 y hasta más de un millón de euros cuyo destino los ciudadanos tienen derecho a conocer, igual que sí lo conoce la consejera.
La diputada de Vox Paula Jover afirmó que la ley permite la ocultación de los beneficiarios por motivos «tasados» que no existen en estas subvenciones que otorga la Consejería de Presidencia, y señaló que ni siquiera es un criterio común en el Gobierno, puesto que la Consejería de Agricultura sí informa al respecto.
El diputado de CC Jonathan de Felipe justificó que se oculte el nombre de los beneficiarios por existir una colisión entre el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen con el derecho a la información, y aseguró que lo importante no es saber quiénes reciben las ayudas sino que se otorgan aplicando los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia.
Afirmó que «quizás» la Consejería pretenda evitar que las ayudas pudieran anularse si hubiera algún recurso de algún beneficiario si se hiciera pública su identidad.
Mónica Muñoz, del PP, dijo que hacer pública la identidad de los beneficiarios atentaría contra su dignidad y privacidad, y acusó a Nueva Canarias de «tratar de erosionar la acción del gobierno» al reclamar transparencia.
Melody Mendoza, de ASG, afirmó que no hay una «política deliberada de ocultación», sino un afán de «proteger la privacidad de las personas» que a su juicio está amparada por la ley.
Raúl Acosta, de AHI, dijo que si se supiera la identidad de los beneficiarios podría dar lugar a que se conocería su «capacidad económica», algo que a su juicio no es necesario. EFE
