La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias impulsa nuevas herramientas de apoyo técnico para fortalecer las labores inspectoras y garantizar una atención centrada en los derechos de las personas usuarias
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canaria ha reforzado el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de incrementar la capacidad de control, seguimiento y evaluación de los servicios sociales que se prestan en Canarias, tanto en centros públicos como privados. Así lo explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy (miércoles 17) en el Parlamento,
Este refuerzo se produce en un contexto de intensa actividad inspectora en toda la comunidad autónoma, con actuaciones que se desarrollan de forma continuada y visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.
“Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias”, señaló Delgado, que también aseguró que “apostamos por una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas”. Para ello, se impulsará un sistema con indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y una mayor capacidad de evaluación de los resultados.
En este marco, la Consejería de Bienestar Social ha licitado un servicio de apoyo técnico a la inspección que permitirá mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de estándares organizativos y disponer de información más completa para la toma de decisiones. Este apoyo se centrará en tareas complementarias como la revisión documental, la asistencia en visitas, el análisis de indicadores, el seguimiento de planes de mejora y la organización de la información derivada de las actuaciones inspectoras.
Delgado indicó que este refuerzo no implica en ningún caso la externalización de la potestad inspectora ya que las funciones de supervisión, valoración de incumplimientos, emisión de informes y, en su caso, la propuesta de medidas correctoras o sancionadoras continúan siendo competencia exclusiva de la Administración autonómica.
“El objetivo es fortalecer la capacidad de control público para garantizar que los centros acreditados mantienen de forma continuada las condiciones exigidas para su funcionamiento y ofrecen una atención adecuada a las personas usuarias”, expresó durante su intervención.
La actividad inspectora se desarrolla además en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito en marzo de 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando así los mecanismos de protección de los derechos de las personas atendidas en los centros sociales.
Entre los aspectos que forman parte de las actuaciones de control figuran cuestiones relacionadas con la organización de los servicios, los recursos humanos, la accesibilidad, la seguridad, la salubridad, la documentación y el cumplimiento de los protocolos de atención, así como indicadores especialmente sensibles vinculados al respeto de la autonomía y la dignidad de las personas usuarias.