El anteproyecto de la futura Ley Canaria de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado establece los derechos de los escolares y las garantías que deberá ofrecer la Administración para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo
La norma convertirá las aulas Enclave en una medida temporal, revisable y reversible de atención a la diversidad, además de garantizar la libre elección de centro y la formación obligatoria del profesorado
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó en sesión parlamentaria que el anteproyecto de la futura Ley por la que se regula la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado, en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, supondrá «un cambio profundo en la forma de entender la inclusión en las aulas», al reconocer la diversidad «como una fortaleza de nuestro sistema educativo» y avanzar hacia un modelo que garantice una atención más personalizada al alumnado.
Durante su intervención, Suárez recordó que el texto ya se encuentra en tramitación parlamentaria y defendió que se trata de una norma «ambiciosa», que trasciende el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo para abordar la diversidad en todas sus dimensiones y situar el bienestar del alumnado en el centro del sistema educativo.
«La nueva ley reconocerá la diversidad como una fortaleza de la escuela canaria. No pretende regular únicamente procedimientos, sino impulsar un cambio de cultura en nuestros centros educativos para construir una escuela más inclusiva, donde cada alumno pueda desarrollar plenamente sus capacidades», afirmó el consejero.
Asimismo, destacó que el proyecto normativo es fruto del diálogo con familias, entidades vinculadas a la discapacidad, organizaciones sindicales, equipos de orientación, profesorado y el conjunto de la comunidad educativa. «Es una ley construida desde la escucha y el consenso, porque entendemos que solo así podremos dar respuesta a las necesidades reales de nuestro alumnado y de sus familias», añadió.
Aulas Enclave
Entre las principales novedades del anteproyecto, Suárez destacó la transformación del modelo de Aulas Enclave, una de las principales demandas planteadas durante años por las familias. La norma dejará de considerar el Aula Enclave como una modalidad de escolarización paralela para convertirla en una medida de atención a la diversidad temporal, revisable y reversible.
De este modo, el alumnado permanecerá escolarizado en un grupo ordinario de referencia, participando en la vida del centro junto al resto de sus compañeros y recibiendo, en función de sus necesidades individuales, la atención especializada y los apoyos específicos que precise en estas aulas.
Además, reconocerá el derecho de todas las familias a elegir el centro educativo para sus hijos, eliminando la limitación vigente que obliga actualmente a escolarizar al alumnado de Aulas Enclave, Centros de Educación Especial o centros preferentes para alumnado con discapacidad auditiva o motora en el recurso más próximo a su domicilio.
Una ley integral
La norma, cuyo borrador ha sido elaborado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación que coordina David Pablos, regulará todas las enseñanzas no universitarias y abordará la diversidad desde una perspectiva amplia, más allá de las necesidades específicas de apoyo educativo. Aunque este colectivo no constituye el único objeto del texto, reforzará la atención que reciben los más de 5.000 escolares con necesidades educativas especiales escolarizados en las islas.
Asimismo, reconocerá como parte de esa diversidad las diferencias culturales, lingüísticas, sociales, familiares, religiosas o de género, así como las distintas fortalezas, intereses, necesidades o situaciones de vulnerabilidad del alumnado. Desde esa concepción amplia de la diversidad, la norma sitúa el bienestar de toda la comunidad educativa como el principal objetivo del sistema educativo canario.
Su objetivo, más allá de regular procedimientos, es establecer un marco de derechos, garantías y compromisos para el alumnado y para la Administración educativa. «Queremos propiciar un cambio de cultura y caminar hacia un nuevo modelo de escuela canaria inclusiva», resumió Suárez.
Entre otras medidas, el anteproyecto incorporará la formación obligatoria del profesorado en materia de bienestar y atención a la diversidad, establecerá un nuevo modelo de informe psicopedagógico con un enfoque contextual y ecológico, impulsará un futuro Plan de Bienestar Digital y recogerá el compromiso de adaptar progresivamente los centros educativos para convertirlos en espacios cada vez más accesibles, seguros e inclusivos. Asimismo, reforzará la coordinación entre administraciones, la participación de las familias y la colaboración con las entidades del tercer sector en el desarrollo de las políticas de inclusión.
La futura norma complementa el conjunto de actuaciones impulsadas durante la presente legislatura por la Consejería de Educación para reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este periodo se ha incrementado el número de profesionales educativos destinados a este ámbito hasta los 3.484; se han incorporado veinte nuevos centros a la red TEA y se ha reforzado la plantilla de auxiliares educativos, que supera actualmente los 1.900 profesionales, frente a los menos de mil existentes al comienzo de la legislatura.
