La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, asegura que toda la documentación remitida es de menores con la autorización de residencia y tacha de deslealtad institucional la siembra de dudas con respecto al trabajo de su equipo
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha confirmado que los 300 expedientes de los niños no asilados que se han enviado a la Subdelegación del Gobierno cuentan con sus respectivas autorizaciones de residencia y la documentación concreta estipulada en la disposición adicional primera del RD 658 que desarrolla el RD Ley 6/2025.
En dicha disposición adicional, además, y según las instrucciones del Ministerio de Infancia, se establece que “se pueden enviar los expedientes y los informes, tanto con la autorización de residencia como con la solicitud de tarjeta de residencia y la cédula inicial de registro que tiene que resolver el Ministerio. Es decir, desde el Gobierno de Canarias estamos cumpliendo con nuestra obligación y haciendo los trámites de forma correcta, de tal forma que la ralentización del proceso es solo achacable al Gobierno de España”, asegura Rodríguez.
Rodríguez lamenta “la deslealtad institucional que supone que desde algunos estamentos del Gobierno central se informe a los medios de comunicación de que nos falta documentación. Si es así, debería, primero que nada, ser requerida a la propia Dirección General, que es a quien interesa ese problema, entre otras cosas porque los equipos de la Dirección General están trabajando y siguen enviando expedientes. A esta Dirección General no ha llegado ningún requerimiento de subsanación y nos parece una falta de respeto al trabajo que realiza nuestro personal”.
“Debemos evitar declaraciones grandilocuentes de cara al público que ponen en entredicho el trabajo diario de nuestro personal. Lo que se tiene que hacer, entre otros, el ministro Torres, es preocuparse por agilizar los trámites y que los niños puedan ser derivados a la Península en tiempo y forma”.
Desde que se declaró la contingencia migratoria extraordinaria, Canarias ha acogido a 24 menores, que deberían ser los primeros en salir de las islas por el Decreto. Para ello hay un plazo de 15 días desde que son apuntados en el registro de menores no acompañados. El cálculo es que el menor llegado a Órzola sea derivado, inicialmente a Extremadura, el próximo día 25.
Candelaria Delgado
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado también muestra su preocupación por que “siguen llegando menores solos a las costas de Canarias”. La consejera recordó que, aunque las salidas de Mauritania y Senegal han disminuido y están controladas, ha habido, sin embargo, “un pequeño repunte de las de Marruecos y de Gambia», lo cual preocupa.
Sobre las cifras de menores con protección internacional que se han derivado a recursos de la Península, recordó que con los que salieron ayer hay 98 menores asilados que han proseguido su proceso migratorio fuera de las Islas, y que mañana saldrán otros 15. El ritmo sigue siendo de 20 menores a la semana, lo que es claramente insuficiente.
“El Estado contabiliza los menores inscritos administrativamente en el Sistema Nacional de Protección Internacional, pero la realidad es que solo estos 98 han salido de las islas. En el Canarias 50, un recurso de tránsito en el que solo podían pasar 15 días, ya hay 153, muchos de ellos con dos meses de permanencia en ese espacio. Sin embargo, el Gobierno central sigue alardeando de que ha asumido en el sistema algunos más, que entendemos que son los que cumplen la mayoría de edad en nuestros centros”, explica la consejera. “Esto no es cumplir con el auto del Supremo. Cuando son adultos tienen que pasar al sistema de adultos, pero si no se ha cumplido con sus derechos siendo menores, el Estado no puede contabilizarlos, y estaría bien recordarle al ministro Torres que el Supremo insta a liberar presión sobre el sistema en el Archipiélago, lo que incluye no solo los centros de menores, sino la sanidad, la educación o el sistema judicial, que no se verá aliviado si continúan en nuestro territorio”, sentencia.