Candelaria Delgado exige una rectificación y estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto que atenta contra las Islas. Advierte de que un sorpresivo nuevo criterio de reparto estatal penaliza especialmente a Canarias, que es la comunidad más perjudicada
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha denunciado hoy (martes 12) que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia supondrá para el Archipiélago una pérdida de 12,4 millones de euros, pese a que la comunidad autónoma se sitúa entre las que más han mejorado sus indicadores en atención a personas dependientes durante el último año.
Delgado, en su intervención en el Pleno del Parlamento, considera “injusto que el Estado castigue financieramente” a Canarias después de haber reducido de forma significativa los tiempos de espera, el denominado limbo de la dependencia y las listas de espera del sistema.
“El tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, lo que supone una reducción de 428 días. Asimismo, la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%, la mayor bajada registrada en España”, ha señalado Delgado.
La consejera de Bienestar Social remarcó que “Canarias lidera el crecimiento nacional tanto en personas beneficiarias con prestación, con un incremento del 13 %, como en personas con derecho reconocido, que aumentan un 5,4 %, por encima de la media estatal.
“Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió Delgado, que acusó a la oposición de mantener “una caricatura permanente” de la situación actual pese a la evolución positiva de los indicadores oficiales.
Durante su intervención, Delgado recordó también que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe financiar el 50 % del sistema, un compromiso que, asegura, “sigue sin cumplirse”. A ello se suma ahora la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10 %” en el reparto del denominado nivel acordado, criterio que perjudica especialmente a Canarias. En concreto, la consejera de Bienestar Social denuncia que sufrirá una reducción del 32,3 % respecto a la financiación que le correspondería percibir por la evolución de sus datos, convirtiéndose, según sostiene el Ejecutivo regional, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”.
“Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”.
Ante esta situación, Candelaria Delgado anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto. “No estamos hablando de un ajuste técnico menor, sino de una injusticia grave que perjudica a las personas dependientes de Canarias. Nuestra obligación es defender los intereses de esta tierra en todas las instancias necesarias, incluidas las judiciales -como hicimos con el reparto de menores migrantes-, porque no se está reclamando ningún privilegio, sino justicia, legalidad y respeto para las personas más vulnerables”, concluyó Delgado.
