El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se creará la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad, un documento dirigido a las más de 137.000 personas con discapacidad reconocida en el archipiélago. Esta iniciativa tiene como objetivo simplificar el proceso de acreditación de la discapacidad ante cualquier entidad, pública o privada, y facilitar el acceso a los derechos asociados a esta condición.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la tarjeta estará disponible para todas aquellas personas que residan en Canarias y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Se tratará de un documento público, personal e intransferible que podrá utilizarse también en formato digital a través de una aplicación móvil, evitando así la necesidad de portar el decreto de resolución de forma física.
Esta medida, enmarcada en las políticas de mejora de la accesibilidad y la inclusión, se complementa con la aprobación de un gasto de 38 millones de euros para el ejercicio 2025, destinados a financiar parte de los servicios sociales municipales. El Consejo de Gobierno ha autorizado la transferencia de estos fondos a los ayuntamientos canarios, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas de atención primaria y comunitaria.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a través de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyecta la firma de un protocolo de actuación para mantener estas prestaciones dentro del marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas.
Con estos recursos, los municipios podrán seguir ofreciendo servicios como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ayuda a domicilio, funcionamiento de centros de día, centros de servicios sociales y programas destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
De esta forma, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y con la protección social de los sectores más desfavorecidos de la población.
